La Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma), la Asociación de Empresarios de La Gomera (Cepyme La Gomera), la Asociación de Empresarios de El Hierro (Apyme El Hierro), la Delegación en La Palma de la Cámara de Comercio y el CIT Insular de La Palma han unido esfuerzos para reclamar a los representantes políticos la defensa de los intereses de las islas occidentales y que propicien el desarrollo socioeconómico.

Sus presidentes demandan la "solidaridad política" de todas las fuerzas con representación en el Parlamento de Canarias para conseguir equiparar y repartir las rentas turísticas producidas en el Archipiélago entre todas las islas, así como la elemental sensibilidad que un parlamentario canario ha de tener con todo el territorio y con las tres islas occidentales en particular, precisamente por las dificultades que atraviesan.

Con la aprobación, hace más de una década, de la Ley de Moratoria Turística, las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, "con un manifiesto y exiguo peso turístico, lastradas por una prolongada problemática socioeconómica, se vieron perjudicadas en su inclusión, frenando de raíz su débil e incipiente crecimiento turístico al no haber tenido en absoluto el importante crecimiento de plazas alojativas de las restantes islas".

Además, señalan que a pesar de la publicación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, "que significaba el abandono de una injusta moratoria turística que se había impuesto por ley y el ansiado y esperado desarrollo turístico específico y diferenciado bajo un modelo territorial caracterizado por el rechazo a la urbanización turística convencional y al desarrollo mediante planes parciales, apoyándose en el medio rural y el paisaje como soporte y recurso en que sustentarían las actuaciones turísticas, las esperanzas puestas en esta normativa se esfumaron ante las enrevesadas trabas que encerraba su normativa, cuya formulación se realizó bajo la reiterada y responsable advertencia respecto a las necesarias cautelas para evitar la destrucción de las islas occidentales.

Con esa perspectiva, destacan que en esas islas se plantean si aquella innovación normativa obedeció a la defensa del medio ambiente insular "o realmente fue para evitar el más mínimo desarrollo e implantación de un modelo turístico y económico, por muy responsable y sostenible que se presentase".

En cambio, para las islas de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, señalan que se fueron desarrollando a lo largo de los años de la moratoria turística.