La Consejería de Sanidad tramitó y resolvió un total de 266 expedientes de responsabilidad patrimonial de 2010 a 2015, según explica la propia entidad en una respuesta a una pregunta realizada al diputado de Podemos Juan José Márquez.
Estar reclamaciones fueron interpuestas por "funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos sanitarios". De ellas, 39 reclamaciones por asistencia sanitaria prestada en centros concertados con el Servicio Canario de Salud (SCS) fueron resueltas favorablemente, añaden.
En este período se pagaron más de 20 millones por "funcionamiento anormal de los servicios sanitarios". De estos, 3.058.488,42 correspondieron a reclamaciones patrimoniales (vía administrativa) y 16.980.895,3o euros fueron indemnizaciones por ejecución de sentencias (intereses y costas incluidos), según publicó este periódico el pasado mes de abril.
En total fueron 948 expedientes de responsabilidad patrimonial incoados en esos años, aunque solo 266 fueron estimados (120 en la vía administrativa y 146 en la contenciosa).
Las indemnizaciones causadas por un funcionamiento anormal del sistema sanitario se calculan conforme a la Ley 35/2015, de 22 de setiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.