Nueve plataformas sociales han exigido al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que active medidas que garanticen el buen uso de las viviendas públicas y se haga efectiva la protección de las familias más vulnerables.
Además han solicitado que investigue las razones por las que muchas de esas viviendas públicas están en manos de particulares que no las necesitan, tapiadas o vacías, mientras cientos de familias se van a la calle sin alternativa habitacional, dijo la portavoz de estas plataformas, Inma Évora.
Évora, junto con representes de otras plataformas, ha presentado hoy al presidente autonómico, Fernando Clavijo, y a la vicepresidenta, Patricia Hernández, un escrito solicitándoles que insten al Cabildo Insular de Tenerife a activar una policía de viviendas.
Las plataformas entienden que es el órgano con competencia suficiente para ejercer el control y la fiscalización del uso de las viviendas, y del estado en el que debería estar para evitar, entre otras cuestiones, los desahucios.
"Es necesario que se pueda hacer el censo de viviendas y evitar también que viviendas públicas a las que nadie les ha hecho un control, puedan servir para especular cuando su fin es la protección de las personas y de las familias mas vulnerables", ha comentado Evora.
También ha asegurado que no hay censo de viviendas vacías "porque no lo han hecho", y que ni siquiera las administraciones públicas tiene un inventario ni lo "han elaborada jamás, por lo que cual es imposible saber cuales son los datos reales de las viviendas".
El escrito presentado hoy en la Presidencia de Gobierno está firmado por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Tenerife, 29 "E", Afectados por Visocán, Movimiento Ciudadano Muévete, Por la Defensa de las Pensiones Públicas y Pro Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Canarias.
A estas entidades se unen la plataforma por la Dignidad, la Asociación de Vecinos Chincanayros y la Asociación Deniper.