La mejora de las relaciones entre los gobiernos canario y central desde que hace casi 14 meses Fernando Clavijo se convirtiera en presidente del Ejecutivo regional no ha impedido que entre ambas administraciones se mantenga una alta litigiosidad, consecuencia, sobre todo aunque no únicamente, de los recursos interpuestos durante la pasada legislatura. Los conflictos pendientes entre la Comunidad Autónoma y el Estado ascienden actualmente a 21, según la información de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias.

Los datos -facilitados por este departamento, adscrito a Presidencia, a la diputada Socorro Beato, de Coalición Canaria, y publicados en el Boletín del Parlamento- ponen de manifiesto que la gran mayoría de estos litigios -16- han sido promovidos por el Ejecutivo autonómico.

Antes de que el entendimiento comenzara a reinar en las relaciones entre los gobiernos canario y español, la Comunidad Autónoma llevó a los tribunales al Estado hasta en cuatro ocasiones por los incumplimientos de los convenios de carreteras. También recurrió el reglamento general de la Ley de Costas o el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (TDT), entre otros asuntos. Sobre estos dos últimos casos ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo en sendas sentencias que rechazan las aspiraciones del Gobierno de Canarias, aunque en sus registros siguen constando como aún no cerrados.

Aunque en la nueva etapa política haya disminuido la litigiosidad, también durante la presidencia de Clavijo se ha acudido a la Justicia para tratar de frenar normativas nacionales consideradas injustas o contrarias los intereses del Archipiélago. Así, se han recurrido ante el Supremo los reales decretos que regulan la prescripción de medicamentos por los profesionales de la enfermería y las características de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria, una norma esta última que desarrolla la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

En el Constitucional todavía tienen recorrido asuntos como el recurso contra la polémica ley educativa o contra la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, entre otros.

Los litigios planteados por instituciones u organismos estatales son cinco. Uno de ellos es la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el TSJC, y avalada por la Fiscalía del Estado, contra el recorte del 20% del sueldo y la jornada a una parte de los empleados públicos, ya anulado por el TC aunque siga constando como un asunto abierto. La ley canaria contra los desahucios, el decreto sobre el alquiler vacacional -recurrido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia- y el plan supletorio de Yaiza -llevado a los tribunales por Red Eléctrica, empresa con participación estatal- son también objeto de contenciosos.

las claves

Carreteras. Los incumplimientos de los convenios de carreteras establecidos por los gobiernos canario y central han sido objeto de varias actuaciones judiciales por parte del Ejecutivo autonómico. Cuatro litigios relacionados con estos acuerdos siguen abiertos.

Alquiler vacacional. Entre los asuntos recurridos por organismos estatales se encuentra el decreto que regula el alquiler vacacional en el Archipiélago, que ha sido impugnado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Sentencias. Algunos de los asuntos que constan como abiertos en los registros del Gobierno ya han sido objeto de sentencias.