La Plataforma de Afectados por las Ayudas a la Vivienda Usada denunció ayer estar sufriendo presiones por parte del Gobierno regional para renunciar a parte de las subvenciones destinadas a compra o rehabilitación de su vivienda. Según varios miembros de esta organización, el Instituto Canario de Vivienda (Icavi) se ha puesto estos días en contacto por teléfono con los solicitantes para demandarles que desistan por escrito de su empeño de optar a más de una ayuda, una posibilidad que contemplaba inicialmente el Plan de Vivienda diseñado para el período que va de 2009 a 2012 y que la Consejería de Vivienda aún no ha terminado de abonar.

El Icavi anunció antes de verano que las bases para optar a las distintas líneas de ayuda de este plan habían sido modificadas y los demandantes, que han tenido que volver a concurrir a las nuevas convocatorias que ha abierto la administración, no podrían simultanear más de una ayuda. Cuando estos jóvenes optaron a estas subvenciones existía un tope de dinero que se podía percibir -18.400 euros- distribuido en distintas ayudas. Estas líneas de financiación estaban destinadas a jóvenes con dificultades para emanciparse y con niveles de renta reducidos.

La presidenta de la plataforma, Idaira Herrera, lamentó ayer la situación en la que se encuentran muchos jóvenes que llevan años luchando, sin éxito, para que la administración salde la deuda contraída. La representante de los afectados explicó a este periódico que se ha puesto en contacto con asesores jurídicos, que han recomendado no acceder a las peticiones del Gobierno. "Si renunciamos no podríamos recurrir", explica la portavoz. A juicio de la plataforma, esta exigencia pone de manifiesto que la cláusula que hace incompatibles las ayudas, que el Ejecutivo sostiene que se incorporó antes de finalizar la anterior legislatura y de la que no se siente responsable, "no existe o al menos no está tan clara", y que ese es el motivo por el que la Consejería quiere dejar por escrito la renuncia.

Además de las dudas legales que genera esta petición entre los miembros de la plataforma, estos se quejan de que la Consejería se niegue a reunirse con ellos y no haga "una exposición de motivos" que justifique la imposibilidad "nueva" de simultanear ayudas.

Yessika Leon, otra de las jóvenes que integra la plataforma, considera que la actitud de Vivienda es aún más criticable si se tiene en cuenta que, de las casi 2.000 personas que solicitaron la ayuda en su día, solo volvieron a requerirla un centenar en la convocatoria que finalmente sacó la Consejería el pasado mes de mayo. "El dinero que se tendría que destinar hoy a pagarnos es mucho menor. Hay personas que no han podido concurrir ahora porque incumplen alguno de los requisitos. De hecho, algunos incluso tuvieron que vender su casa", se queja la joven.