La información estadística proporciona "un conocimiento adecuado de la realidad" que, a su vez, es "un requisito imprescindible para la toma de decisiones". Sin datos en los que basarse, las políticas públicas se diseñan a ciegas. Canarias lo entendió hace tiempo y, por ello, fue una de las primeras comunidades autónomas en dotarse de una ley de estadística. Veinticinco años después de su aprobación, los cambios normativos y la propia evolución de esta actividad han obligado a renovarla.

El anteproyecto de Ley de Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias ya se encuentra concluido, y pronto llegará a la mesa del Consejo de Gobierno para luego, ya convertido en proyecto, poner rumbo al Parlamento. El objetivo de esta iniciativa es actualizar la "obsoleta" norma de 1991 para adaptarla a la normativa europea y a las modificaciones experimentadas por la estadística, expone el director del Instituto Canario de Estadística (Istac), Juan Jesús Ayala.

La ley aprobada hace un cuarto de siglo cristalizó, precisamente, en la creación del Istac, un organismo que, en lo que se refiere a los recursos con los que cuenta, ha pasado por mejores tiempos. El propio Ayala reconoce que los recortes han afectado al Instituto, que, además, ha visto cómo en los últimos años ha perdido casi la mitad de su presupuesto -llegó a disponer de cuatro millones de euros y ahora tiene 2,2- y lo ha abandonado parte de su plantilla a través de los concursos de traslados convocados por el Ejecutivo regional. "Nos hace falta personal. Hemos perdido 13 trabajadores dentro de una plantilla de algo más de 30", lamenta. Este "déficit de estadísticos y técnicos" se traduce en una ralentización del trabajo. El director del instituto asegura que ya ha "entonado la canción" de que "hace falta más personal y más dinero".

Si la norma del 91 dio lugar a la aparición del Istac, la que en breve iniciará su trámite prevé un nuevo instrumento que, en realidad, ya está confeccionándose: un plan estadístico de Canarias que, a juicio de Ayala, será fundamental para impulsar la implicación de todas las administraciones públicas -Gobierno, cabildos y ayuntamientos- en la tarea de determinar qué datos y operaciones son prioritarios durante la vigencia del plan -cinco años, en principio- y fijará la periodicidad de su difusión, entre otros aspectos.

Al igual que la ley que ahora se revisa, la nueva incorpora un régimen sancionador para las personas y organizaciones obligadas a suministrar información. El texto recoge como infracciones susceptibles de ser sancionadas entregar los datos fuera de plazo, proporcionar información inexacta o falsa o no facilitarla. Las multas pueden oscilar entre los 600 y los 30.000 euros.

El anteproyecto de ley detalla que la actividad estadística de interés de la Comunidad Autónoma debe regirse por los principios de independencia profesional, imparcialidad, fiabilidad, objetividad, secreto estadístico, rentabilidad y cooperación y cooperación entre administraciones.

En cuanto al Istac, el texto lo confirma como un organismo autónomo con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión, adscrito a la Consejería de Hacienda. Entre sus funciones figuran la de dirigir, planificar y coordinar la actividad estadística de interés de la Comunidad Autónoma; diseñar, elaborar y difundir la información que se determine en el plan canario de estadística; e impulsar la formación y la investigación.

La labor desarrollada por el Instituto "mueve al Gobierno a tomar decisiones" y amplía su conocimiento de la sociedad y la economía. Como ejemplo, Juan Jesús Ayala se refiere a estudios que miden la inserción laboral de los universitarios o el acceso de los ciudadanos extranjeros al empleo en el sector turístico. Los datos, sentencia, "ayudan a desvelar la realidad".

las claves

Una norma "obsoleta". El cuarto de siglo transcurrido desde la aprobación de la Ley Canaria de Estadística -una de las primeras del país- la han dejado "obsoleta", según el director del Istac, y obligan a adaptarla a la normativa europea y a los códigos de buenas prácticas que han visto la luz desde entonces en esta actividad.

Un plan canario. El anteproyecto de ley prevé la elaboración de un plan canario de estadística que establecerá qué información es de interés durante su periodo de vigencia -inicialmente, cinco años- y tratará de involucrar a todas las administraciones públicas en la tarea de determinar qué indicadores son necesarios.