El Grupo Parlamentario Podemos eleva la Ley Turística de las Islas Verdes ante el Tribunal Constitucional, a través de un recurso de amparo, al entender que se han vulnerado sus derechos como cargos públicos a participar en condiciones de igualdad en la tramitación de esta ley, tal y como se recoge en el artículo 23 de la Constitución, que afirma que "los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos por medio de representantes elegidos por sufragio universal".

Así lo ha informado este martes Podemos en una nota para explicar que en el recurso de amparo se detalla cómo el Parlamento de Canarias -a través primero de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, y más tarde a través de la propia Mesa de la Cámara- "lesionaron ese derecho fundamental de los diputados de Podemos negándoles la posibilidad de participar en el debate en ponencia y comisión".

"Lo hicieron no calificando las enmiendas parciales -que presentó el Grupo al Proyecto de Ley elaborado por el Cabildo Insular de La Palma para la modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma- argumentando que eran una enmienda a la totalidad encubierta".

Podemos recurrió esta decisión a la Mesa del Parlamento, la cual desestimó la reclamación afirmando que "no es posible que a través de lo que se presentan como enmiendas parciales se pretenda anular por completo el contenido de la iniciativa legislativa".

Los diputados de Podemos consideran que el anuncio de la presentación de este recurso de amparo "ha propiciado que la Mesa rectificara y permitiera que el Grupo Parlamentario participe en el debate de la Ley en pleno".

"Sin embargo --añaden-- la vulneración de derechos durante el trámite parlamentario ha sido tan flagrante que es necesario que el Tribunal Constitucional se pronuncie para determinar si se han cercenado los principios básicos democráticos".

Además, Podemos añade que continuará estudiando "otras acciones tanto jurídicas como políticas" para "evitar que esta norma finalmente tenga efecto, porque reproduce los aspectos más desarrollistas de la Ley del Suelo, contribuye a la destrucción del paisaje y a la falta de previsión de un desarrollo sostenible, ya que abre la puerta a la construcción de 33 hoteles y cinco campos de golf en la isla de La Palma, reproduciendo de esta forma un modelo totalmente destructivo con el territorio".