La Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible emprenderá movilizaciones y una ofensiva jurídica contra la ley turística de las islas verdes que ha comenzado con una denuncia ante la Comisión Europea, pues entiende que se infringen las directivas ambientales con un ataque directo al territorio.
Representantes de la citada plataforma en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro anunciaron hoy en rueda de prensa la estrategia que han previsto desarrollar tras la aprobación de la citada norma el 13 de septiembre en el Parlamento de Canarias, y que iniciarán con una denuncia que ha redactado el jurista y exdiputado regional Santiago Pérez.
El autor de la denuncia consideró que esta ley turística supone un fraude y una infracción de las normas y directivas comunitarias en materia de evaluación ambiental y participación ciudadana, por lo que se pide a la Comisión Europea que actúe ante el Gobierno central para que proceda a su suspensión.
De no atender este posible requerimiento comunitario Pérez entiende que la Comisión procedería a demandar al Gobierno estatal ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que puede tener la iniciativa de proceder a la citada suspensión si observa las infracciones "a primera vista y sus efectos irreparables en el medio ambiente".
Añadió Santiago Pérez que el Parlamento canario "se ha saltado" la evaluación ambiental desde el principio y al aprobar la ley "dificulta la impugnación judicial", en lo que calificó de "dictadura de los hechos consumados".
Agregó que en la Cámara autonómica se ha cometido además "un fraude importante" de forma premeditada en este proceso al haber recibido el Gobierno regional al Consejo Consultivo un texto que no contenía las enmiendas que posteriormente incorporaron los grupos parlamentarios, con lo que "se ocultó el objeto real de esta maniobra legislativa".
La denuncia ante la Comisión Europea irá acompañada de otras iniciativas jurídicas ante los Tribunales Constitucional y Supremo, además de preguntas en el Parlamento Europeo y visita a las islas de europarlamentarios para respaldar este asunto, dijo el representante de la Plataforma en Gran Canaria, Antonio Pérez.
Además hoy se ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la que en una primera fase se aspira a recoger 200.000 apoyos en seis meses y que estará disponible en español, inglés, alemán y francés con el objetivo de implicar a los turistas que hayan visitado Canarias y particularmente La Palma, La Gomera y El Hierro, y quieran defender el patrimonio de estas islas "no destrozadas" y no encontrarse "con un remedo de Singapur".
Cuando se haya avanzado en esta recogida de firmas se convocará una movilización "masiva" en la calle en otoño, añadió.
Vanesa Catalán, representante de la Plataforma en La Palma, rechazó esta normativa y la de la futura ley del Suelo porque en su opinión implicará vender la isla a los promotores turísticos, criticó el impacto irreversible de la construcción de campos de golf y se preguntó "por qué lloramos cuando se quema el monte y luego dejamos que se construya en cualquier lado".
Rubén Martínez, miembro de Sí se Puede y representante de la Plataforma en La Gomera, calificó la llamada ley de las islas verdes de "perversa", criticó la visión que se ofreció en el Parlamento de unas islas estancadas en los años 50 que necesitan el turismo para avanzar y dijo que esta norma supondrá "una especie de sarampión" en el paisaje.
Por la isla de El Hierro compareció Amado Carballo, consejero de Podemos en el Cabildo insular, quien dijo que esta ley supone un ataque director al territorio de tres islas que va a impulsar de nuevo la economía especulativa, destrozará lo poco que queda de suelo rústico y ocasionará su depredación y el saqueo de lo público por cuenta de las redes clientelares.
"Las elites de esta tierra se están frotando las manos y corren peligro lugares como la meseta del Nisdafe. Quienes han destruido el territorio en Canarias quieren ahora exportar la depredación a estas islas", advirtió.
Antonio Pérez, representante de la Plataforma en Gran Canaria, señaló que la aprobación de la ley no va a suponer el fin de la lucha, pues el desastre ecológico que auguró con esta norma no se quedará en su ratificación ante el Parlamento y anunció "un camino largo por recorrer para impedir que se consuma este atentado que hipoteca el futuro" de las islas.