El consejero de Justicia del Gobierno canario, Aarón Afonso (PSOE), ha afirmado hoy que el archipiélago se sitúa entre las comunidades que mejor está respondiendo al reto de modernización de la administración judicial, pese a no recibir del Ministerio los fondos necesarios.

En la inauguración del undécimo Encuentro de Jueces Canarios, Afonso ha asegurado que el Gobierno regional seguirá "promoviendo las actuaciones necesarias para impulsar una Justicia digital", al tiempo que ha reconocido el esfuerzo que en este sentido están haciendo los estamentos profesionales que trabajan y se relacionan con las sedes judiciales.

Afonso ha lamentado que sea la comunidad autónoma, con sus propios recursos, la que "soporte el peso económico en este paso adelante de modernización y ha señalado que la partida de 351.358 euros que ha asignado recientemente el Ministerio de Justicia a Canarias no es suficiente.

Ha hecho hincapié en los objetivos de su Consejería a través de la Estrategia de Modernización de la Administración de Justicia en Canarias 2016-2019, que apuestan por la modernización organizativa, funcional y tecnológica de este servicio público.

"La reorganización de la actividad, la normalización de los procedimientos y tareas, así como la tramitación y comunicaciones electrónicas contribuirán a una mayor agilidad, calidad de los actos y de las resoluciones, transparencia de la actividad, accesibilidad y satisfacción", ha recalcado.

Además, ha dicho que "la implantación de la firma electrónica en el sistema Atlante II, la integración de las vistas en el legajo judicial electrónico, la culminación de la integración con Lexnet en el todas las jurisdicciones, el cargador de expedientes administrativos o el archivo electrónico permitirán mejorar la calidad de la Justicia".

Sobre la citada estrategia, ha comentado que ya ha concluido el periodo de alegaciones y no se ha presentado ninguna "relevante", pues los distintos operadores y los sindicatos comparten los objetivos que se persiguen, aunque proponen mejoras que se analizarán.

Ha recordado que el plan requiere una inversión de 12 millones de euros, partida que entiende razonable y que se incluirá en los presupuestos de los próximos años, si bien existe incertidumbre porque aún se desconoce qué ocurrirá con los del Estado del próximo año ante la situación del Gobierno de la nación.

El consejero también ha hecho hincapié en que el plan contiene seis líneas estratégicas y las que se refieren a la creación de nuevas infraestructuras judiciales dependerá de la dotación presupuestaria, pero otras se podrán afrontar sin problema porque requieren de menos coste económico.