Las resonancias magnéticas son un negocio redondo para las empresas sanitarias privadas y una sangría para la sanidad pública.
Solo en 2015 se realizaron 55.752 resonancias magnéticas en los centros privados concertados, que costaron 10.657.701,1 millones. Nada menos que el 70,6% del monto global de dinero gastado en pruebas diagnósticas en todo el Archipiélago. Y es que algo más de la mitad de las pruebas diagnósticas realizadas en Islas fueron resonancias magnéticas.
Tenerife fue la isla que más dinero gastó en estas pruebas, 5,7 millones de euros, lo que supone el 76,4% de su inversión total en pruebas diagnósticas en la sanidad concertada (7,4 millones).
Gran Canaria se situó en segundo lugar con 16.488 resonancias magnéticas y un coste total de 2,2 millones de euros. Esto supone casi el 52,6% del gasto total de la isla en pruebas diagnósticas (4,2 millones).
En Lanzarote se realizaron 3.973 resonancias que costaron 1,4 millones, el 85,8% de la inversión total anual en pruebas diagnósticas de la isla (1,6 millones).
Los 603.273,58 euros que La Palma se gastó en resonancias son casi el 71% del total desviado por la sanidad pública a pruebas en centros concertados (alrededor de 850.000 euros).
En La Gomera fueron más de 110.000 euros en resonancias magnéticas, que supusieron el 90,8% de todo lo que se gastó en pruebas diagnósticas en la isla colombina (121.000 euros).
En El Hierro, por último, las 379 resonancias realizadas en centros sanitarios concertados costaron 54.000 euros. Comparado con el total gastado en pruebas (cerca de 62.000 euros) representa el 87,3% del monto total.
La falta de aparatos para realizar resonancias magnéticas en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma pueden explicar parte del millonario gasto, pero no que las mayores cantidades se gasten en islas que sí cuentan con esta tecnología en centros públicos.
Para José Manuel Bethencourt, portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, estos datos son fruto, entre otras circunstancias, de la petición de pruebas innecesarias. "Hay especialistas que trabajan en hospitales o CAE que piden pruebas innecesarias y las piden para derivar una parte del dinero a centros concertados. A lo mejor se hacen resonancias porque el paciente sí tiene una hernia, pero como el cirujano no le va a ver hasta dentro de tres años, entonces ya le pedirá otra", resume.
Y luego hay circunstancias curiosas, que sorprenden, como el hecho de que el Febles Campos facture al área de salud de Tenerife los electrocardiogramas realizados (un total de 316, por 8.750 euros en 2015), a pesar de no tener concierto, según los datos facilitados por la Ley de Transparencia. "Con el tema de los conciertos siempre te llevas sorpresas", concluye Bethencourt.
Más beligerante se mostró el presidente del Colegio de Médicos, Rodrigo Martín, que exigió que Sanidad facture a Dependencia por los pacientes sociosanitarios que ocupan una cama en los hospitales por falta de plaza en centros sociosanitarios.
La sanidad pública asume, como se puede comprobar, una parte de derivaciones que no están dentro de los conciertos, aunque también llega a revertir (a recuperar el dinero) de algunas otras de forma puntual, según consigna el área de salud de Gran Canaria en sus datos.