Doce hoteles asociados a la patronal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife han sido ya objeto de reclamaciones interpuestas por los despachos de abogados británicos definidos como "piratas" por los propios empresarios. Esta práctica se ha generalizado en las zonas turísticas de toda España y consiste en la captación de clientes a los que animan a denunciar a los establecimientos en los que se alojan por supuestas intoxicaciones alimentarias.

La asociación hotelera y extrahotelera de la provincia, Ashotel, alertó en septiembre de las actividades "sospechosas" de estos bufetes de abogados, que se aprovechan de las facilidades que ofrece la legislación del Reino Unido para presentar reclamaciones de este tipo y del coste que, para las empresas denunciadas, supone iniciar un pleito en ese país, donde son interpuestas las demandas. Ashotel ha puesto la situación en conocimiento de la Delegación del Gobierno en Canarias y la Jefatura Superior de la Policía Nacional, al entender que puede tratarse de una estafa organizada.

Por el momento, la asociación tiene constancia de 130 reclamaciones contra esos doce establecimientos asociados, la mayoría de los cuales se localiza en la zona de Costa Adeje.

La lucha contra estas prácticas la ha asumido la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que sostiene, como Ashotel, que la mayoría de estas reclamaciones son falsas y carga contra los métodos empleados por los abogados -que, asegura, muchas veces incluso carecen de licencia- para localizar y convencer a sus clientes de que emprendan estas acciones.

También la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (Hosbec) ha anunciado un conjunto de medidas para tratar de frenar la actuación de los conocidos en Reino Unido como "claim farmers", que han trasladado al sector turístico los mismos procedimientos que han utilizado para impulsar indemnizaciones millonarias contra el sistema de salud de ese país. Para los hoteleros españoles la cantidad en juego puede superar los 60 millones de euros, advirtió ayer Hosbec en un comunicado.

Los empresarios turísticos de esta zona del Levante español pondrán en marcha sistemas de trazabilidad que permitan a sus huéspedes "registros continuos relacionados con los consumos de bebidas y accesos a comedores y restaurantes". Asimismo, intensificarán los sistemas de control que los hoteles ya tienen implantados. Una tercera actuación adelantada por la asociación se basa en la comunicación directa con los clientes, a los que se informará de que las reclamaciones falsas constituyen un ilícito penal.

las claves

La carga de la prueba. Las facilidades que ofrece la legislación británica han multiplicado las reclamaciones. Estas se presentan en Reino Unido, por lo que obligan a los establecimientos españoles a asumir el coste de pleitear en ese país. Además, la patronal hotelera nacional (Cehat) advierte de que la carga de la prueba corresponde al empresario, que tiene que demostrar que el cliente no sufrió la situación que denuncia.

Sin parte médico. Ashotel, por su parte, ha asegurado que la gran mayoría de las reclamaciones son falsas y que, en muchos casos, ni siquiera van acompañadas de un parte médico.

Primero fue la sanidad. La actividad de estos "abogados piratas" -"claim farmers", como se les denomina en el Reino Unido- se centró primero en el sistema de salud británico.