El presidente del Cabildo majorero, Marcial Morales, considera "una pena" que la Delegación del Gobierno en Canarias ocupe a la Abogacía del Estado y a los juzgados en pedir medidas cautelares provisionales para que no ondee la bandera tricolor canaria con las siete estrellas verdes en la institución.

Morales ha hecho estas declaraciones a los periodistas después de que ayer el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria prohibiera cautelarmente al Cabildo izar la bandera en un acto previsto para hoy viernes y con el que la institución quería sumarse al homenaje del 52 aniversario de la bandera de las siete estrellas verdes, considerada para algunos partidarios como la "bandera nacional canaria".

El presidente majorero ha recriminado a la Delegación del Gobierno en Canarias que se dedique a estos asuntos cuando hay "tantos temas importantes que defender ante el Gobierno del Estado para que en Canarias haya más bienestar".

Morales ha asegurado que acatará la decisión judicial y no se izará la bandera en la institución, aunque ha insistido en que "en un Estado de Derecho es tan claro cuáles son las banderas institucionales como el derecho que tienen las personas y colectivos a expresar lo que sienten con determinados símbolos".

A su juicio, hay que "desdramatizar" este tipo de temas y "seguir trabajando en las cosas importantes para la calidad de vida de la gente".

Morales ha insistido en que en el acuerdo plenario del pasado 3 de octubre "sencillamente se plantea que se haga un reconocimiento expreso a lo que para muchas personas en Canarias significa la bandera tricolor con las siete estrellas verdes".

El acuerdo plenario de principios de octubre salió adelante con los votos a favor de CC, NC y el Partido Progresista Majorero (PP Majo) tras una moción presentada por el consejero de Nueva Canarias, Alejandro Jorge.

En aquel momento, el acuerdo tuvo que ser modificado respecto a su texto original, ya que el secretario del Cabildo entendió que algunos aspectos podían contravenir la legislación.

La moción contó el voto en contra de los consejeros populares y las abstenciones de PSOE (socios de gobierno con CC en el Cabildo) y Podemos.