Canarias, después de Andalucía, es la segunda comunidad con más volumen de juego ilegal. De los 83 millones que mueve este sector clandestino, 13 se localizan en el Archipiélago. Estos datos fueron expuestos ayer por el delegado territorial de la ONCE, José Antonio López Mármol, invitado por el grupo Podemos a la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias. El objetivo de la visita fue poner de manifiesto el efecto nocivo de estas prácticas y conseguir que la Cámara tome partido e inste a los gobiernos central y autonómico a erradicarlas.

El representante de este colectivo destacó los daños que se derivan de esta actividad para las personas con discapacidad, que, según un estudio elaborado por la entidad, desarrollan en el Archipieálgo cuatro operadores. La permisividad hacia estos comportamientos engorda la economía sumergida y desvirtúa la imagen de la persona con discapacidad, insistió.

Según sus datos, Loterías y Apuestas del Estado tiene un 26,3% de cuota de mercado en el sector y la ONCE solo el 5,4%. "El resto es juego privado y sin fines sociales", y una parte, "ilegal", denunció. Para cambiar este contexto, la ONCE ha presentado una proposición no de ley a los parlamentarios de los distintos grupos con la intención de que tomen la iniciativa de impulsarla. El texto va en la línea de otro presentado ya en la Asamblea de Murcia y que pretende poner coto a este negocio.

El representante recordó a los diputados que la ONCE nació tras la Guerra Civil española con la intención de ofrecer una salida laboral a las personas con problemas de ceguera, que entonces no recibían ningún tipo de educación y quedaban a expensas de la paga que los gobiernos de turno consideraran oportuna. Desde entonces ha llovido mucho, y las personas con discapacidad se forman y encuentran empleos de calidad, explicó López Mármol. Ese cambio se nota en que el rendimiento académico entre los alumnos ciegos "es mucho más elevado" que entre el resto y en que la ONCE ya no acoge solo a personas con ceguera, sino a muchas otras que tienen otro tipo de discapacidad.

Solo el 6% de los afiliados a la ONCE son menores de 18 años; es una organización que crece en los mayores de 60 años. El grupo Ilunium, donde se incluye la Fundación ONCE y otras empresas vinculadas, cuenta con 36.000 trabajadores que desempeñan labores para otras líneas de negocio. "El juego es solo una parte", remarcó.

Además de la ilegalidad que cometen estos operadores, el responsable de la ONCE también lamentó la distorsión que se hace de la imagen de la persona con discapacidad: "Muchas de las personas que trabajan para estas organizaciones ni siquiera tienen discapacidad", alerta.

Todos los diputados mostraron su apoyo a la demanda de la ONCE, aunque supeditaron la decisión de apoyar o no el texto que en forma de PNL ha presentado la organización a leerlo, ya que ayer aún no había llegado a los grupos parlamentarios.

López Mármol avanzó que el documento busca que la Cámara inste al Ejecutivo regional y al central a imponer las sanciones oportunas y perseguir estas actuaciones ilegales. "No nos sirve que el Gobierno de Canarias diga que la competencia es del central, porque él también tiene capacidad para sancionar", dijo.

Para argumentar su queja citó una sentencia del Tribunal Supremo en este sentido. "Con independencia de las competencias del Estado sobre los juegos ilegales, las comunidades autónomas son competentes para sancionar en vía administrativa aquellas actividades que se desarrollen dentro de su territorio sin la necesaria autorización, estatal o autonómica", señaló.

Los cuatro operadores de juego ilegal que actúan en las Islas -OID, Aganey, B. Altagracia y Anda- cuentan con 753 vendedores y representan un 16,26% de las ventas sobre el total nacional. La ONCE insiste en que la OID es la de mayor implantación.

Un mapa de la discapacidad en las Islas

La vicepresidenta Patricia Hernández explicó ayer durante la Comisión de Discapacidad que su consejería está trabajando para que Canarias cuente con un "mapa" de la discapacidad, es decir, una base de datos donde queden reflejadas todas las necesidades en materia de adaptación que presentan los espacios públicos.

La también consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda respondió así a una pregunta de la diputada del grupo Podemos Natividad Arnaiz, en relación a las medidas que tomará la Consejería para dar cumplimiento a la disposición adicional tercera del Real Decreto sobre los derechos de las personas con discapacidad, que "vence" dentro de un año.

Hernández subrayó que ese "mapeo" debería haberse acometido no solo en Canarias sino en todo el territorio español, pero que no se ha elaborado porque el Estado no ha cumplido con sus compromisos de financiación. Por ese motivo, sostuvo, su consejería ha decidido desarrollarlo por su cuenta. El objetivo es intentar paliar las deficiencias que existen en esta materia posteriormente, pero la incertidumbre financiera hace que no haya una fecha para la presentación de ese "mapeo" ni una previsión de las actuaciones que se llevarán a cabo.

"Volveremos a reclamar las partidas al Gobierno de España; mientras, en la medida de lo posible, hemos creado una comisión para trabajar en ello y tener parte del trabajo ya hecho", explicó la vicepresidenta.