La alcaldesa de Arico, Elena Fumero (CC), insistió ayer, en declaraciones a El Día, en que hará lo que su comité local le diga respecto a la dimisión a la que esta obligada en virtud del acuerdo renovado entre su partido y los socialistas para cogobernar en las Islas. Sin embargo, y si el órgano municipal le solicita que se mantenga en el cargo pese a que la expulsen, asegura que está dispuesta a convertirse en edil no adscrita, seguir con el bastón de mando y no cobrar, que es a lo que se verá abocada desde que en el consistorio entre la comunicación por parte de CC regional de que ha sido expulsada. Fumero tenía ayer dudas sobre el hecho de si la ley de municipios de Canarias (de 2015) se le puede aplicar a un alcalde por igual que a un concejal, pero así lo confirman a este periódico dos secretarios municipales de sendos ayuntamientos tinerfeños. No obstante, la máxima mandataria anuncia que, si su comité se lo pide, está dispuesta a recuperar su trabajo en la Consejería de Educación, en donde ejerce de administrativa, y seguir con sus competencias en Arico. De hecho, recuerda que, al principio de este mandato, cuando se convirtió en alcaldesa "por sorpresa" al votarse a sí misma y recibir el apoyo "inesperado" del PP y CCN, estuvo un mes compaginando los dos puestos, pero cobrando solo de la consejería. Una situación que, además, tuvo un antecedente mucho más prolongado en el mandato anterior, cuando, tras perder la Alcaldía Olivia Delgado (PSOE), CC cogobernó y Fumero llevó 5 concejalías, entre otras la social. En ese tiempo, simultaneó esa responsabilidad con su trabajo, cobrando solo de este salvo las dietas. La alcaldesa de Arico fue llamada ayer por el coordinador de CC en el Sur, Yonathan Fumero, para comunicarle el acuerdo con el PSC en el que se prevé su dimisión y la postura de apoyo a esa decisión de la ejecutiva insular, celebrada el martes. Esta tarea le correspondía a Francisco Linares, quien delegó, sin embargo, en el coordinador. Elena Fumero, por su parte, recuerda que el PSOE ariquense no pactó con CC en 2011 con el mismo acuerdo regional y cree muy probable que el comité local no respalde su dimisión, aunque prefiere esperar a los acontecimientos. El secretario de Organización de CC, José Miguel Ruano, volvió a advertir ayer a los ediles del Puerto, Granadilla y Arico las consecuencias de desobedecer y ser expulsados. Además, recordó que pueden influir en la estabilidad o no de Icod y Tacoronte y en revertir La Guancha. Además, descarta que la Ejecutiva Nacional de este sábado cambie nada del pacto con el PSC, "pues no tiene sentido, ya que habría que volver a reunirse con el PSOE", y sostiene también que el acuerdo es satisfactorio para CC. Sobre la Ley del Suelo y el impacto ambiental, señala que el informe regional se hará en la fase final de los planes. Los riesgos de un expediente con grietas

El vicesecretario de CC en Tenerife, Francisco Linares, lleva días recalcando que los expedientes de expulsión de concejales hay que hacerlos escrupulosamente para que no sean recurridos con éxito judicial. De hecho, ya hay antecedentes, como el de una edil de C''s de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, que logró que se anulara su expulsión del grupo. En el caso del Puerto, y como ya ocurriera en Granadilla, justo antes de que el expediente de expulsión inmediata (extraordinario) se convirtiera en uno ordinario, aún existen dudas en los afectados sobre si se puede aplicar la ley de municipios a todos los integrantes de un grupo si son expulsados (de momento solo tienen un expediente de suspensión), toda vez que se entiende que esto estaba previsto para los tránsfugas que dejan un partido en el que aún quedan representantes, como pasó en 2013 en el PSOE de Tacoronte con Carlos Medina. Sin embargo, los secretarios locales consultados dicen que, aunque afecte a todos los ediles de una formación, la expulsión los convierte en no adscritos sí o sí.

En el caso de Granadilla, el actual alcalde, José Domingo Regalado, indicó ayer a este periódico que el acuerdo del sábado "solo" obliga a CC a expulsarles y no a cogobernar con el PSOE, por mucho que Ruano les instara ayer a revertir la situación y a devolver la Alcaldía al PSC. Regalado explica que, de momento, los 7 ediles de CC tienen abierto un expediente ordinario de expulsión que cuenta con unos plazos (mucho mayores que 20 días) y en el que presentarán alegaciones. Ni él ni sus compañeros se han planteado lo de cobrar o no como ediles no adscritos y, en tal caso, deja la decisión sobre el nuevo acuerdo al comité local.

Entre las opciones retorcidas, se halla que los expedientes se hagan con grietas a conciencia para darles opciones jurídicas.