Dos listas de acceso a la enseñanza pública, una donde estén los interinos que ya han dado clase y los aprobados sin plaza, y otra conformada por los integrantes de las listas de empleo actuales para las diferentes especialidades. Los sindicatos educativos con representación en la mesa sectorial presentaron ayer una propuesta conjunta de modificación del procedimiento de nombramiento de funcionarios interinos para desvincular las listas de empleo de las oposiciones y "acabar con la inestabilidad de los interinos". El objetivo es "premiar" tanto a quienes llevan tiempo trabajando como a los egresados universitarios que no hayan conseguido plaza colocándolos en una lista prioritaria, frente al resto de docentes, que no han trabajado y muchas veces pasan años congelados en las listas porque tienen otro empleo. Los componentes de esta lista que consigan destino irán pasando a la lista 1.

Las organizaciones sindicales consideran que los últimos procesos selectivos, y los problemas con los nombramientos no aceptados, demuestran que el actual sistema "es ineficaz e insuficiente para atender y ofrecer un servicio de mayor calidad". Muchas listas de determinadas especialidades están prácticamente agotadas y solo se pueden abrir de manera excepcional y tras realizar un examen oficial de acceso. Eso se debe a que muchos docentes llevan años congelados en las listas y otros renuncian, al menos durante un año, a ocupar el puesto que les adjudica la Consejería porque las condiciones -pocos días de trabajo y en otra isla- no compensan. El procedimiento ayudaría a depurar esas listas y daría estabilidad al sistema, sostienen. La iniciativa ha sido trasladada a todos los grupos parlamentarios con la intención de que alguno haga suyo el texto y se convierta en una proposición no de ley (PNL).

Lo que no está establecido en la propuesta es la fórmula que se usaría para baremar el orden y establecer los puestos que ocuparían los interinos y los aprobados sin plaza. El peso que deben tener la experiencia y los resultados de las oposiciones ya ha ocasionado disputas entre ambos sectores.

La Consejería de Educación realizó una modificación en abril de este año de la orden que regula la gestión de las listas de empleo. Este cambio permite a la Administración, cuando lo considere necesario, hacer una solicitud a las personas que están en las listas para que determinen su disponibilidad en ese momento para trabajar.

A pesar de la reforma de la norma, este año se han producido casi 500 nombramientos no aceptados. Se trata de propuestas de nombramientos que un docente rechaza por causas familiares o laborales. La situación se complica cuando se dan varias renuncias consecutivas, algo que ocurre en listas que están prácticamente agotadas. Según la Dirección General de Personal, las especialidades que se encuentran en esta situación son las de idiomas -inglés y francés- tanto en Primaria como en Secundaria.

La cifra es "algo superior" a la registrada el año pasado durante el mismo periodo. Educación explica que se debe a que este año se nombraron mil docentes más a principios de curso, una mejora que tiene el efecto colateral de favorecer el aumento de nombramientos no aceptados.

Educación admite "dudas jurídicas"

El director general de Personal, David Pérez Dionis, admitió ayer algunas dificultades para llevar a cabo la propuesta de los sindicatos, que había sido presentada con anterioridad en la mesa sectorial de Educación.

"El acceso a la Administración pública tiene que regirse por los principios de mérito, igualdad y capacidad. Un sistema que no sea por medio de un procedimiento selectivo es difícil que respete estos principios", dijo.

Pérez Dionis explicó que desde el curso pasado la Consejería y los sindicatos del sector han analizado el asunto, pero sin éxito.

El acceso a la enseñanza pública se hace a través de un sistema de listas que emana de los procedimientos selectivos. Cada vez que hay oposiciones se reorganizan las listas, que también pueden ampliarse cuando se hacen aperturas extraordinarias sin oposición a través de unas pruebas. "Lo que está en el fondo de todo este sistema que está aprobado en el decreto de 2010, no es una cuestión que afecte únicamente a Educación, sino que regula tres departamentos del Gobierno: Educación, Sanidad y Administración General. En caso de que se modificase tendría que modificarse para todos. Pero si quisiésemos hacerlo, el problema que nos encontraríamos sería de orden jurídico".