El Juzgado de La Gomera llamará a declarar como testigos en la causa penal abierta por el incendio forestal que afectó a isla durante el verano de 2012 al entonces presidente de Canarias, Paulino Rivero, y a la delegada del Gobierno en aquellas fechas, María del Carmen Hernández Bento.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, el juez Juan José Gómez Neira desestima citar como imputado en los presuntos delitos que investiga al presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, como pedían algunas de las acusaciones particulares, porque no ha completado la investigación de los hechos que podrían afectarle.

Recuerda, además, que, de darse las circunstancias legales, correspondería tomar esa decisión al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dado que Curbelo es diputado autonómico.

No obstante, dispone que se le notifique su resolución, por si desea personarse en la causa o, "incluso, prescindiendo de la condición de aforado", considera conveniente para él acudir "a declarar en calidad de investigado de manera voluntaria".

El gran incendio de 2012 en La Gomera quemó 4.100 hectáreas de terreno (el 11 % de la superficie de la isla), afectó a más de 750 hectáreas del Parque Nacional de Garajonay y obligó a desalojar varias poblaciones por la cercanía de las llamas a las viviendas.

El juez encargado del caso sí estima que ya existen suficientes indicios para interrogar como investigados al exvicepresidente del Cabildo Juan Alonso Herrera y al entonces funcionario de Medio Ambiente de la corporación insular Miguel Ángel Morcuende, hoy director insular del Estado en La Palma.

También anuncia las personas a las que llamará como testigos de lo ocurrido en aquel incendio, entre ellos Paulino Rivero, María del Hernández Bento (hoy diputada del PP en el Congreso), la antecesora de esta como delegada del Gobierno, Dominica Fernández, y el entonces consejero canario de Planificación Territorial, Domingo Berriel.

También llama a declarar como testigos al viceconsejero de Turismo de Canarias en aquel momento, Ricardo Fernández de la Puente; el militar que estuviera al mando de la Unidad Militar de Emergencias los días 4 y 8 de agosto de 2012, y al jefe de Protección Civil del Gobierno canario, Humberto Gutiérrez García.

El juez acuerda, asimismo, practicar varias diligencias pedidas por la acusación particular y las representaciones procesales de los perjudicados y del exconsejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, denunciado en estos hechos.

A propuesta del presidente del Movimiento Ciudadano contra la Corrupción, Pedro Medina, el Juzgado acepta llamar como testigos al militar al mando de la UME durante los días 4 y 8 de agosto de 2012, al director de CEPSA Aviación durante ese verano y al trabajador de repostaje de medios aéreos contratado por Tragsa para el Cabildo.

Y a solicitud de González Ortiz, acuerda tomar declaración como testigo al jefe de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias, Humberto Gutiérrez.

Además, el juez requiere que testifiquen la consejera insular de Medio Ambiente por aquellas fechas, Ventura del Carmen Rodríguez, y el ingeniero técnico del Servicio Forestal de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria.

También pide que el Tribunal de Cuentas y la Audiencia de Cuentas de Canarias le informen de qué subvenciones concedieron el Gobierno canario y el Cabildo de La Gomera para prevenir incendios y paliar sus efectos entre los años 2010 y 2014.

En el mismo sentido, exige al Cabildo de La Gomera, el Patronato Insular de Espacios Protegidos, el Parque Nacional de Garajonay y Gobierno de Canarias que le detallen las cuentas y partidas presupuestarias que destinaron en esos mismos años a prevenir incendios forestales y a reparar los daños causados por estos.