El plan especial de inspecciones puesto en marcha por el Gobierno de Canarias en el último mes ha constatado el significativo peso que la contratación irregular tiene en las Islas. Casi una tercera parte de los contratos revisados en el curso de esta iniciativa son "fraudulentos" o directamente inexistentes, según reveló ayer la vicepresidenta y consejera de Empleo del Ejecutivo autonómico, Patricia Hernández.

El objetivo declarado de este plan es detectar y poner coto a las situaciones de explotación laboral que se producen en empresas del Archipiélago. Para llevarlo a cabo se han incorporado de forma temporal a las plantillas de inspectores de la Comunidad Autónoma 32 nuevos efectivos.

Tras presentar las ayudas de emergencia social para los municipios canarios, Hernández recordó que los inspectores se han "desplegado" en función del trabajo previo realizado por la propia Administración, dirigido a localizar los "contratos sospechosos que esconden explotación laboral". Los casos que han aflorado hasta el momento -el plan se encuentra en su segunda fase- han posibilitado ajustar los contratos a las horas que realmente hace el trabajador o que la relación laboral se firme cuando no existía.

Esta actuación ha despertado algunas críticas entre las organizaciones empresariales del Archipiélago. El secretario general de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, planteó ayer su discrepancia con la cifra facilitada por la consejera. "En gran parte se trata de que el inspector opina que el contrato a tiempo parcial debe ser a tiempo completo o que el temporal tendría que ser indefinido. Eso es discutible y son los tribunales quienes deberían determinarlo", argumentó Alfonso en declaraciones a Radio El Día.

"Hay que perseguir y sancionar los contratos que no se hacen", afirmó el representante de la patronal, que, en cambio, sostiene que el Gobierno de Canarias no puede decir a los empresarios "cómo tienen que contratar", en especial porque los índices de temporalidad son similares en el sector público y en el privado (alrededor de un 30%). "Hemos abierto las puertas de par en par a los inspectores, pero no sé si ocurre lo mismo en la Administración pública", dijo.

En este sentido, Pedro Alfonso recordó que la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que discute el encadenamiento de contratos por trabajadores interinos e insta a asignarles la misma indemnización que a los fijos procede de la denuncia interpuesta por un empleado público.