La mejora de los indicadores económicos no significa que la crisis sea ya cosa del pasado. Con este argumento, el Gobierno canario, los municipios de las Islas y las fundaciones de La Caixa y CajaCanarias han decidido incrementar este año el presupuesto destinado a ayudas de emergencia social, que pasan de 1,5 a 1,8 millones de euros.

Los representantes de estas instituciones firmaron ayer el programa que, por tercer año consecutivo, busca paliar los problemas de los ciudadanos y familias del Archipiélago "que no pueden esperar", explicó Patricia Hernández, vicepresidenta y consejera de Empleo y Políticas Sociales del Ejecutivo autonómico.

La financiación será aportada de forma equitativa por las tres partes firmantes del convenio -600.000 el Gobierno, 600.000 las fundaciones y 600.000 la Federación Canaria de Municipios (Fecam)-, mientras que serán los ayuntamientos -como "la primera puerta a la que toca el ciudadano", según la definición del presidente de la Fecam, Manuel Ramón Plasencia- los que se encargarán de distribuir las ayudas entre los beneficiarios.

El 50% de los 1,8 millones de euros será repartido entre las corporaciones locales a partes iguales -algo más de 3.400 euros para cada una-, en tanto que la distribución de la mitad restante se efectuará según los criterios del Fondo Canario de Financiación Municipal. De esta forma, argumenta la Consejería de Políticas Sociales, se evitan duplicidades y se complementa la aportación de 12 millones de euros que se destina a los ayuntamientos en febrero para cubrir las necesidades básicas de las personas que peor lo están pasando.

"Dicen que la crisis ha terminado, pero el Gobierno, la Fecam y las cajas no van a darla por finalizada hasta que la dinamización económica entre por las puertas y ventanas de los hogares de Canarias", aseguró Hernández. La vicepresidenta destacó, no obstante, que la propia Cáritas ha informado de un descenso de la cifra de usuarios a los que atiende y que los cortes de luz en las viviendas han disminuido un 13%, así como la mejora en la creación de empleo, pese a que esta no se traduce siempre en la posibilidad de salir de la pobreza.

El número de beneficiarios de estas ayudas está todavía por determinar. Para próximos ejercicios -atendiendo a lo que dispone el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias, actualmente en fase de exposición pública-, la Administración autonómica pretende realizar un "diagnóstico serio" que permita conocer con exactitud la situación de los potenciales destinatarios de estas u otras acciones de carácter social, caso de la prestación canaria de inserción (PCI) y el Plan de Empleo Social.