Un día después de esta entrevista, realizada el pasado miércoles, Pepe Álvarez (asturiano de nacimiento y catalán de adopción) vivió uno de sus primeros sinsabores como secretario general de UGT, cargo al que accedió hace nueve meses. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, transmitió a los sindicatos que no tiene intención de revertir de forma sustancial su reforma laboral y que las restricciones presupuestarias no pondrán fácil mejorar las condiciones de los trabajadores. Ya UGT y CCOO han anunciado las primera gran manifestación de una legislatura que, advierte Álvarez, estará marcada por la voluntad de negociación, pero también por el espíritu de movilización.

Canarias sigue por encima del 26% de paro, aunque se calcula que podría crear 27.000 puestos de trabajo este año. ¿Qué tipo de empleo se está generando?

Canarias tiene que replantearse a fondo su modelo de crecimiento económico. Con un año turístico fantástico, casi irrepetible, el nivel de paro y de pobreza es absolutamente insoportable para una sociedad justa y que mira al futuro. Esto quiere decir dos cosas. La primera, que el sector turístico tiene que avanzar hacia la calidad y el valor añadido. No podemos seguir midiendo el éxito turístico solo en función de la cifra de gente que nos visita, sino también de su poder adquisitivo y de los recursos que deja.

Usted viene de una ciudad que está sintiendo los efectos del turismo masivo.

Barcelona está a punto de morir de éxito. Una parte de sus ciudadanos está cansada de tantos turistas. Canarias está a tiempo de caminar hacia un modelo de calidad. Cuenta con un paisaje excepcional y con infraestructuras buenísimas. Ahora tenemos que ligarlo no con paquetes de bajo valor, sino con trabajadores con contratos estables y una formación excelente. Así vamos a ganar calidad a la hora de recaudar impuestos y poder hacer política y calidad de vida para las personas. Además, hay que hacer compatible el turismo con un desarrollo urbanístico que nos permita ese modelo. Por eso es tan importante la Ley del Suelo y la preservación de los espacios naturales y del sector primario como elementos complementarios. Por otro lado, el Gobierno canario y el Estado tienen que hacer una apuesta por que Canarias también se quede una parte del pastel industrial, de aquellos aspectos que tienen que ver con las nuevas tecnologías y las energías renovables. Eso complementaría y permitiría tener una tasa de desempleo aceptable -aunque en Canarias siempre será alta porque hay mucha gente de paso- y que la gente que está trabajando tenga salarios dignos y los servicios sociales un nivel alto.

¿Se le está pidiendo demasiado al turismo? ¿No puede haber alcanzado el sector su tope de creación de empleo o estar cerca de hacerlo?

Creo que sí. No estoy planteando que tenga que crecer mucho más, sino que mejore. El desarrollo del urbanismo tiene límites. De ahí la posición de UGT Canarias de que la Ley del Suelo tenga en cuenta estos elementos. Hay que ver el sector globalmente, y tiene que hacerlo el Gobierno. Cada cadena hotelera lo ve desde su punto de vista, y puede que les vaya bien, pero desde la perspectiva global de las islas necesitamos que los turistas tengan poder adquisitivo. Aprovechemos este momento de coyuntura internacional -tan desgraciado, por otra parte- para hacer un polo de atracción turística como la Costa Azul francesa, donde la gente no va por que haya precios baratos, sino por la calidad. Debemos tender hacia precios que permitan, por ejemplo, que las camareras de piso tengan un sueldo decente y que no haya esta segregación de la actividad, que tengan tiempo para hacer las habitaciones y tecnología que no las deje en condiciones físicas desastrosas a los 50 o 55 años... Si los empresarios ven que esas mejoras pueden favorecerles, serán proclives a este proceso de reconversión. Pero si permitimos que cada uno construya más o menos donde quiera, que haga lo que le venga bien, al final nos encontraremos con una situación como la de Barcelona, donde los apartamentos turísticos nos han invadido y no dan ninguna rentabilidad a la ciudad. En Canarias estamos a tiempo de evitarlo, y eso hay que hacerlo cuando las cosas van bien.

¿Puede ser una solución para la situación de las camareras de piso facilitarles una jubilación anticipada?

Para algunas de ellas, con toda seguridad. No sé por qué vía, porque no es nada fácil y hay muchos colectivos de trabajadores con situaciones complicadas. Pero hay algo que se debe restaurar antes: que la camarera de piso forma parte indiscutible e innegociable de la empresa. No puede ser que haya una empresa que subcontrate a un hotel el servicio de las camareras de piso. Eso es parte del problema que hay en algunos sitios.

En esta provincia el convenio de hostelería prohíbe la subcontratación.

Sí, pero es una indicación general, que está muy bien, pero no en todos los sitios se respeta. Los ritmos de trabajo son infernales, y deben ajustarse a las posibilidades de la persona. Hemos de ver ergonómicamente si la altura de las camas y las condiciones en que trabajan son las adecuadas, cosa que no se había hecho tradicionalmente porque no había una preocupación por este asunto. A partir de ahí habría que determinar si tiene que haber un coeficiente de la edad de jubilación. Pero hay un camino para paliar el problema, porque la situación física que tienen la van a arrastrar de por vida aunque se jubilen a los 60. Deben introducirse elementos, incluso obligatorios vía convenio colectivo, para que el trabajo sea compatible con que la persona se pueda jubilar en buenas condiciones físicas. Creo mucho en la jubilación parcial y en el contrato relevo, que puedan trabajar unas horas y alguien las sustituya. Llevamos muchos años trabajando por las camareras de piso, pero el problema se ha incrementado al introducirse elementos de competitividad que obligan a hacer un número de camas, de habitaciones en unas condiciones que no aportan nada. Los hoteles pueden permitirse pagar unos salarios dignos.

¿Es partidario de introducir una tasa turística?

No creo ser la persona más adecuada para pronunciarme de manera rotunda sobre algo que corresponde a la UGT de Canarias. Yo, en general, soy de los que creen que el turismo en España tiene que pagar impuestos en los ámbitos locales. No es posible que el turismo no se vea reflejado en la recaudación de impuestos de las administraciones sobre las que tiene más repercusión el aumento de la población, que casi siempre son las locales. Eso ocurre en todo el mundo y nadie se escandaliza. Se ha puesto en marcha en Barcelona y se están batiendo récords. Si se multiplicara la tasa por dos o por tres, seguro que no ocurriría nada. Hay que quitarle dramatismo, siempre que ese impuesto pueda servir al interés general y que tenga una repercusión favorable sobre los ciudadanos que cargan con las consecuencias, no siempre positivas, de convivir con una presencia muy importante de conciudadanos de forma permanente.

Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor proporción de pensiones no contributivas. ¿Qué dice eso sobre nuestro tejido socioeconómico?

Quiere decir que Canarias es, efectivamente, una de las regiones con mayor índice de pobreza del país. Las pensiones no contributivas son la expresión más clara de la falta de recursos básicos de una parte de la sociedad. Eso es algo que tiene que ver con la incorporación de la mujer al trabajo por cuenta ajena y con que trabajadores del sector primario antes no estaban dados de alta... Hay que ayudar a estas personas a tener recursos para poder complementar estas pensiones no contributivas, que son una miseria. La tasa turística podría dedicarse a eso. Sobre todo, es necesario poner las bases para que no continúe siendo así. La pensión media canaria es menos de la mitad del conjunto del Estado, y seguro que ahí no están incluidas las pensiones no contributivas, porque si lo estuvieran seguro que bajaba de manera sustancial.

¿Deben financiarse las pensiones con impuestos?

Sin lugar a dudas. No es algo de hoy para mañana. Que el fondo de pensiones esté en mala situación es consecuencia de un gobierno que ha trasladado a las contribuciones de los trabajadores, a la caja de la Seguridad Social, gastos que no les corresponden. Hay 3.500 millones de euros que vienen como consecuencia de las subvenciones a la contratación o de las tarifas planas para los autónomos que no tiene por qué pagar la Seguridad Social y que, en todo caso, deberían ir a los presupuestos generales del Estado, como las políticas de fomento del empleo. Si a eso le sumamos otra medida que parece que tiene sentido, destopar la pensión más alta y que se cotice más en relación al salario de lo que se hace en estos momentos, se puede recaudar de manera muy considerable. Si además subimos salarios, que es el problema de fondo, también. A corto plazo, el Gobierno puede tomar una serie de medidas que alejen el miedo de los pensionistas a que se acabe con el fondo de reserva.

¿La situación no es dramática?

En absoluto. Es tan poco dramática que de cada cien euros de riqueza que se generan, diez van a las pensiones. En Alemania son catorce y medio, en Italia también pasa de catorce y en Francia se queda cerca. Somos un país que puede continuar creciendo en gasto de pensiones, es una cuestión de ingresos. Sí que nos gustaría abrir el debate de trasladar impuestos a la Seguridad Social, porque conviene adelantarse a algunas cuestiones.

¿Qué cuestiones?

Por ejemplo, la desaparición de puestos de trabajo por las nuevas tecnologías, que ha sido brutal, debe tener una repercusión positiva sobre la Seguridad Social. No todo se lo pueden llevar las ganancias de las empresas o trasladarlo a la bajada de costes del consumo. Una parte debería ir a la Seguridad Social. Cuando se creó la Seguridad Social, el número de trabajadores tenía una relación directa con la riqueza que se generaba en la empresa; hoy no tiene ninguna. Hemos de empezar a trasladar beneficios de la tecnología a los ciudadanos, porque, igual que cuando se inventó la máquina se redujo la jornada de doce a ocho horas y con el tiempo se han ido introduciendo las vacaciones, en estos momentos las nuevas tecnologías tienen que trasladarse al gasto de la Seguridad Social y a la reducción del tiempo de trabajo. Creo que el debate sobre las pensiones es un buen momento para planteárselo. Yo uso una frase: que paguen los robots, y digo robot en un sentido amplio. No es un debate solo nuestro, está en el conjunto de la Unión Europea. Nuestro país podría adelantarse.

¿Es necesario un impuesto sobre las grandes fortunas?

España debe dejar de mirar hacia otro lado. Cada vez tenemos más millonarios en las listas de los más ricos. Tenemos gallegos que escalan a lo más alto, valencianos que cada año suben un puesto, catalanes que no les van a la zaga... Oiga, está muy bien, pero repártalo un poquito, ¿no? Un impuesto a las grandes fortunas es un gesto de solidaridad que no les va a costar nada. Seguro que hay algún canario que cobra una pensión no contributiva que verá aliviada un poco su situación.

¿La dualidad laboral, la fractura entre indefinidos y temporales, es uno de los grandes problemas de nuestro mercado laboral?

El problema no es la dualidad, sino los trabajadores temporales, aquellos contratos de trabajo que tienen un carácter indefinido porque el trabajo no tiene ningún límite temporal, los que son de ocho horas, pero se fragmentan entre tres o cuatro trabajadores, y que están produciendo esta situación de explotación, más que de dualidad, que es insoportable. Hay que decir a los empresarios que a un trabajo indefinido le corresponde un contrato indefinido. No hay ninguna razón objetiva para no hacer una legislación que no solo obligue, sino que además ponga medios para perseguir el fraude. La inspección de trabajo debe tener medios y acceso a los registros de los contratos para que se pueda detectar que hay empresas que contratan a un trabajador durante un tiempo, luego cambian y contratan a otro y después a otro, cuando en realidad el puesto de trabajo es de carácter indefinido, o que hay empresas que fragmentan la jornada...

Canarias ha llevado a cabo un plan de inspecciones para detectar este tipo de situaciones.

La vicepresidenta nos ha informado de este trabajo, que ha dado unos resultados espectaculares. Hay un 30% de la contratación en fraude de ley. Es posible que sea menos, porque han ido a empresas de las que ya había conocimiento de alguna irregularidad, pero es igual. Es un escándalo que se produzca una situación de estas características. Con medios en la inspección es relativamente posible empezar a tomar medidas. En el momento en que los empresarios sepan que no hay impunidad, en el momento que sepan que los van a pillar, pueden dejarse de cometer estos atropellos.

En los últimos años, con los recortes y las limitaciones a las convocatorias de empleo público, han bajado mucho las plantillas de la inspección.

Han bajado las plantillas de inspectores y las de los servicios públicos en general. Es un gravísimo problema. Ha subido mucho la interinidad, que genera despotismo a la hora de que las administraciones decidan quién entra. Es el momento de restablecer la función pública, la libre concurrencia a las oposiciones. La administración pública también es ahora una fábrica de precariedad. Los concursos públicos se adjudican a veces a empresas que ni siquiera cumplen los convenios colectivos. Necesitamos una ley de contratación pública que introduzca cláusulas de carácter social, y quien no las cumpla debe quedar descabalgado de los concursos.

"Estamos aquí y no nos vamos a marchar"

El nuevo secretario general de UGT anuncia que el trabajo del sindicato se canalizará a través de tres vías: "la negociación con el Gobierno, si quiere; la negociación con los empresarios, si quieren; y el trabajo con el Parlamento, porque hay una mayoría de izquierdas que tiene la obligación de cumplir sus compromisos". Con todo, Álvarez considera "muy importante" la movilización. "Sé que hay gente, aunque sea poca, que a los sindicatos los mira de lado. No deben equivocarse de enemigo. Juntos seguro que podemos". Esta unidad incluye, por parte de las organizaciones sindicales, "un gesto de humildad y reconocimiento a los demás para hacer posible una legislatura de movilización". El objetivo es que "el Parlamento sienta nuestro aliento en el cogote, que los grupos políticos sepan que estamos aquí y no nos vamos a marchar". La actividad parlamentaria ya ha puesto los cimientos para acercarse a una de las aspiraciones de los sindicatos: la subida del salario mínimo. La aprobación de una proposición de ley en el Congreso despierta en el líder de UGT "una gran ilusión".