La Inspección Laboral ha revisado durante el último mes 6.920 contratos de trabajo en el sector servicios del Archipiélago, de los que 2.900 han mejorado tras esta actuación. La vicepresidenta y consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, presentó ayer los resultados del plan contra la explotación laboral, una iniciativa que describió como "un éxito incluso mayor de lo esperado".

Tal y como la propia Hernández había adelantado el martes durante el pleno del Parlamento regional, casi el 40% de los contratos revisados estaba en situación de fraude contractual. De los 2.900 trabajadores cuyas condiciones de trabajo han mejorado constatarse estas irregularidades a través de la acción inspectora, 1.698 tenían contratos temporales que pasaron a ser indefinidos, 1.006 vieron cómo se ampliaba su jornada -duplicando la que figuraba en el documento contractual- y 196 empleados cuentan ahora con un contrato del que hasta ahora carecían.

A estas consecuencias directas del plan, la consejera de Empleo sumó los 3.868 contratos temporales convertidos en indefinidos en octubre, una cifra que atribuye al "efecto inducido" de esta actuación. "Cuando dijimos que íbamos a ir -argumentó ayer Patricia Hernández-, muchos empresarios decidieron actuar antes, y eso ha supuesto un incremento de la contratación indefinida en Canarias del 31,39% entre octubre de 2015 y octubre de 2016, que se traduce en 2.195 contrataciones indefinidas de diferencia entre un mes sin la acción inspectora de este plan y el de este año, con los inspectores extra en las calles". Este efecto indirecto de la iniciativa supone, a juicio del Gobierno, que hayan sido alrededor de 9.000 los ocupados canarios beneficiados por ella.

La vicepresidenta recordó que su departamento lleva un año diseñando este plan contra la explotación con un objetivo claro: "Beneficiar a los trabajadores canarios y a los empresarios que cumplen y que se someten a una competencia desleal porque otros pagan menos a sus trabajadores o no cotizan por ellos a la Seguridad Social". Los resultados obtenidos han decidido a la Consejería a anunciar una nueva edición del plan en 2017, en la que ya se está trabajando.

Hernández finalizó su intervención con una advertencia: "El plan sigue, y vamos a seguir yendo donde sabemos que debemos ir. No piensen -puntualizó- que ahora, cuando se vayan los inspectores, van a poder cambiar los contratos y volver a la irregularidad. Si detectamos un incumplimiento posterior la sanción será mucho más elevada. Y créanme que lo vamos a detectar".

El plan contra la explotación laboral se puso en marcha en la segunda semana de octubre mediante la incorporación a las filas de la Inspección de 32 efectivos llegados de la Península.