Canarias cuenta con 601 establecimientos de turismo rural que crean cerca de 900 empleos. Los datos, procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), fueron expuestos ayer en el Parlamento por la consejera de Turismo del Gobierno regional, María Teresa Lorenzo, que se comprometió a facilitar los trámites administrativos para que los propietarios de estos inmuebles -en muchos casos protegidos- puedan ejercer la actividad.
Lorenzo compareció en la comisión de Turismo de la Cámara autonómica a petición del grupo nacionalista canario (CC-PNC) para informar sobre la situación que vive el turismo rural o vinculado a los valores naturales del Archipiélago. Varios diputados -entre ellos Gladys Acuña (Nueva Canarias), Héctor Gómez (PSOE) y la propia solicitante de la comparecencia, Guadalupe González Taño (CC)- advirtieron de las trabas que encuentran los dueños de las casas rurales -con frecuencia procedentes del sector primario- para regularizar sus negocios o acometer obras para mejorar sus instalaciones.
Así, Acuña pidió una mayor celeridad en los informes que emiten las comisiones insulares de patrimonio y recomendó una colaboración más estrecha entre los cabildos y el Gobierno en esta materia. Gómez señaló que algunos propietarios prefieren operar en la "ilegalidad" y asumir el riesgo de una sanción que encarar las dificultades de la puesta en el mercado. González Taño, por su parte, destacó, en referencia a la isla de La Palma, los obstáculos que presenta la normativa a que estas casas dispongan de piscina, cuando son precisamente las que cuentan con ellas las que registran una mayor ocupación. "La economía sumergida se produce muchas veces porque no hay acceso a la regularización", dijo.
"Contribuiremos a la revisión de la normativa y a agilizar los trámites para que resulte interesante seguir viviendo en el campo y dar oportunidades a las futuras generaciones", concluyó la consejera.