El Instituto Canario de Vivienda destinará casi 2 millones de euros en 2016 a terminar de pagar las ayudas para hipoteca joven (1,2 millones) y vivienda usada (750.000 euros) incluidas en el plan 2009-12 que aún están pendientes de abono. Aún así, la Consejería tendría pendiente aún el pago de otras convocatorias, a promotores o para alquileres, que también contemplaba el programa.

El director de este organismo, José Gregorio Pérez, explicó que con las partidas previstas en el presupuesto, si ninguna enmienda lo modifica, se podrá hacer frente a las ayudas de las personas que están en lista de espera. "Conseguiremos que los solicitantes cobren al menos una de las ayudas que pidieron", subraya. Esa precisión tiene una explicación. Las listas de beneficiarios de hipoteca joven han dejado fuera a peticionarios que ya recibieron otra ayuda, una incompatibilidad que no contemplaba el plan de vivienda. Esta decisión, "que se incluyó en las bases de convocatorias similares en el ejercicio anterior", ha generado un gran malestar en la plataforma de Afectados por las ayudas a la Vivienda Usada. Así lo volvió a manifestar ayer su presidenta, Idaira Herrera, que siente que la administración ha engañado a los jóvenes que se sumaron en su día a la batería de ayudas ofertadas para favorecer la emancipación. Entonces esas ayudas eran complementarias.

Pérez insiste en que en el contexto actual, con la ausencia de fondos del Estado previstos en su día para sufragar ese plan, la Consejería ha tenido que hacer frente a estos compromisos en solitario. En un contexto así, la mejor opción, a su juicio, es conseguir que todos los solicitantes cobren al menos una ayuda. Por eso, una vez que se resuelvan las convocatorias necesarias para concluir con estas ayudas, la Consejería empezará a abrir las que quedan pendientes e irá atendiendo esos pagos. "Hay un mandato del Parlamento de Canarias y además creemos que es justo", destaca el director.

Además de las partidas incluidas para cubrir las deudas pendientes, el Instituto, en colaboración con el Estado, también tiene capacidad para desarrollar políticas nuevas. Para Pérez, es fundamental seguir incrementando las ayudas para alquileres en detrimento de la compra. "Es una ayuda más justa y más eficaz para luchar contra la exclusión social".