Cáritas también ha constatado la precarización de los asalariados. Atiende en la provincia a unas 40 personas que están trabajando pero que no tienen suficiente para afrontar los gastos básicos. Según Alejandra Hernández, responsable del Área de Animación al Territorio, la cifra no parece muy alta, pero no deja de ser importante porque muchas de las personas que se encuentran en esta situación intentan no pedir ayuda a las ONG por vergüenza y porque saben que hay muchas otras personas que no tienen nada. La responsable explica, además, que aunque la entidad intenta afrontar estos casos se ve obligada a priorizar y a atender a la población que no tiene absolutamente nada.
"Hay gente que lleva tiempo viviendo sin pagar la luz, que ni se lo plantean, en viviendas de protección oficial, porque los pocos ingresos que tienen los dedican a comer", cuenta. En ocasiones los salarios son tan bajos que no permiten afrontar los gastos más elementales, reconoce la trabajadora. Además, dentro de las estadísticas hay que tener en cuenta a aquellas personas que trabajan pero que no tienen contratos o a quienes no tienen permiso de trabajo. Ese tipo de precariedad es una realidad que, según Hernández, ha salido a la luz con el número de contratos formalizados antes de la campaña de inspección del Gobierno.