La suma de los votos del PP y PSOE a favor del nuevo Estatuto de Canarias se sobrepuso ayer a las críticas de Unidos Podemos y de Ciudadanos para permitir que se inicie la tramitación en el Congreso de un texto que avanza en el régimen competencial sin vulnerar el marco constitucional.

En el hemiciclo del Congreso se distinguieron claramente dos sectores: a favor del Estatuto, PP, PSOE, CC y PNV; y en contra, Unidos Podemos y Ciudadanos.

Retirada la reforma en 2007 por el acuerdo entre PP y CC, lo que apartó al Archipiélago de la oleada de reformas estatutarias de segunda generación, el Congreso recibió ayer de nuevo una propuesta similar del Parlamento canario.

Similar porque el anterior Gobierno canario, entonces presidido por Paulino Rivero (CC), inició unas negociaciones que ha concluido el Ejecutivo actual, liderado por su compañero de partido Fernando Clavijo, presente en el Congreso junto a su vicepresidenta, la socialista Patricia Hernández. En la tribuna se encontraban también la presidenta del Parlamento autonómico, Carolina Darias, o el líder del PP canario, Asier Antona. Todos ellos asistieron a un debate que comenzaron los representantes de los partidos que lo aprobaron en Canarias: José Miguel Ruano, de CC, e Iñaki Lavandera, del PSOE.

Ambos firmaron un discurso muy parecido, aunque con matices: Ruano, por ejemplo, agradeció al PP que se haya sumado al acuerdo. Lo que busca el nuevo Estatuto, que puede experimentar cambios a partir de ahora, es dar a los canarios "herramientas" para perfeccionar el autogobierno y favorecer el desarrollo económico y social tras casi 30 años de vigencia del texto estatutario actual.

Lavandera destacó "el reto" que supone actualizar el texto por cuanto amplía competencias y protege los derechos sociales (también resaltó la eliminación de los aforamientos, pero solo vinculada a lo que se derive de su actividad).

Nueva Canarias y el PP se mostraron a favor de la reforma, si bien deslizaron algunos "peros". Pedro Quevedo, diputado de NC, cuestionó el sistema electoral, mientras que Pablo Matos (PP) recriminó a nacionalistas y socialistas la exclusión del PP de las negociaciones.

Reproches más duros procedieron de Ciudadanos, cuya diputada Melissa Rodríguez criticó que las reclamaciones competenciales anulan al Estado en las Islas, se aparca la reforma electoral, se trocea la administración de Justicia, se mantiene el aforamiento y se socava la autonomía local.

Unidos Podemos, a través de la diputada por Las Palmas Meri Pita, incidió en el "antidemocrático" sistema electoral, en la baja cuantía de los sueldos y de las pensiones, los casi 600.000 canarios en riesgo de pobreza o el más del millón que no pueden ni tomarse unas vacaciones.

Terminado el debate, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, confió en una pronta aprobación definitiva de la reforma, si bien opinó que lo importante es "no sacrificar el consenso".