Emma Pérez-Chacón, catedrática de Geografía Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, advierte de que el proyecto de Ley del Suelo invierte el modelo territorial que ha imperado en las Islas en las últimas décadas, sin el cual todo "podía haber sido peor". Sus efectos, si es aprobado en los términos actuales, supondrán un "regreso al pasado", en forma de crecimiento desordenado.

Junto a otros compañeros de la ULPGC y Faustino García Márquez, usted presentó un conjunto de alegaciones muy contundentes al anteproyecto de Ley del Suelo. ¿Su postura se ha modificado algo tras los cambios que ha experimentado el texto?

Hasta el momento no han cambiado las cuestiones sustanciales que planteábamos en las alegaciones. Si podemos fiarnos de la adenda que han firmado CC y PSOE cuando han planteado su "repacto" y realmente la cumplen, habría un cambio, relativo sobre todo a la evaluación ambiental y al suelo rústico. Pero no se sabe si van a asumir esos compromisos hasta que se pase al proceso de enmiendas.

Entiendo que ninguna de esas alegaciones que ustedes plantearon llegó a ser recogida.

Entre el anteproyecto y el proyecto no se atendió ninguna.

Sostienen esas alegaciones que el proyecto parte de un diagnóstico equivocado.

En primer lugar se plantea el enorme retraso que sufre la tramitación de los planes de ordenación. El diagnóstico que hacen los que están a favor de la ley es que esa situación se debe a lo que llaman la maraña legislativa. Es un error de diagnóstico absoluto: los planes se retrasan en los ayuntamientos, porque no se llegan a poner de acuerdo. Cuando esos planes pasan a ser informados por otras instancias, o llegan al Gobierno de Canarias a través de la Cotmac, ahí hablamos de meses. Sin embargo, hay muchos municipios, sobre todo los turísticos, que llevan 20 o 30 años sin poder poner su planeamiento en orden. En contrapartida, municipios grandes como Las Palmas de Gran Canaria siempre han tenido su planeamiento al día. Si con la misma ley hay ayuntamientos que sí lo hacen y otros que no, da la sensación de que el problema no está en la tramitación y la ley, sino en la imposibilidad de ponerse de acuerdo como consecuencia de la existencia de intereses muy próximos a la hora de decidir en los ayuntamientos. No es una opinión, hay evidencias de ello.

¿Es necesario simplificar la legislación?

Todos los que rechazamos la ley estamos de acuerdo en que se haga todo lo que pueda mejorar la legislación y simplificar donde se tenga que simplificar, sobre todo para el ciudadano corriente. Pero se quiere liberalizar un procedimiento argumentando que el problema está en un lugar donde realmente no está.

¿Puede agravar la ley el problema al traspasar funciones a los ayuntamientos?

Si se facilita que los ayuntamientos sean quienes aprueben sus planes, habrá que dotarlos de medios humanos y económicos. Elaborar un plan o ejercer una serie de nuevas competencias urbanísticas es complejo. O les das medios o entonces se va a producir el verdadero atasco. La ley no tiene ficha financiera, y tampoco está la Comunidad Autónoma para poner dinero para que haya 88 unidades técnicas, una en cada municipio, si ya tenemos problemas en la sanidad o las carreteras. Se va a incrementar el colapso, entre otras cosas porque habrá cuestiones de las que va a ser responsable el técnico municipal con su firma. O se ponen unos seguros impresionantes o los técnicos de los ayuntamientos se lo van a pensar mucho antes de firmar. Es un área muy complicada, porque hay muchos intereses.

¿Cómo pueden conciliarse o equilibrarse esos intereses?

Es necesario que exista una regulación por parte de quien pueda hacer que prevalezca el interés común sobre el interés privado. El modelo de debilitar los cabildos e intensificar la capacidad de acción de los ayuntamientos sin coordinación entre ellos es un disparate. Los cabildos deben tener la capacidad de ordenar un territorio que es pequeño y limitado y en el que lo que haga un ayuntamiento afecta al municipio de al lado. Antes, un plan insular podía desclasificar suelo si consideraba que en el anterior se había clasificado más de la cuenta. Ahora, los cabildos van a dejar de tener esta posibilidad. Si no tienes capacidad de corregir errores, no tienes la posibilidad de ordenar tu isla. El proyecto debilita la Comunidad Autónoma al derogar las Directrices, debilita los cabildos y centra todas las competencias en los ayuntamientos. Si finalmente sale adelante, cuando pasen diez años veremos las cosas de las que algunos avisamos y advertimos.

¿Cómo sería hoy nuestro territorio si durante las últimas décadas hubiera regido una ley como la del Suelo?

Habría sido mucho peor. Yo doy clases en la titulación de Geografía y Ordenación del Territorio y hemos hecho unas tesinas de fin de grado muy interesantes que, aunque se titulan de otra manera, podrían haberse llamado "Podría haber sido peor" (ríe). Hasta que llegó la primera Ley de Espacios Naturales de Canarias, en 1987, hubo tal cantidad de proyectos, de desarrollo turístico salvaje... La Graciosa tenía previsto un aeropuerto y tres urbanizaciones, Lobos, exactamente igual... Si nos planteamos cómo habrían sido las islas sin la legislación que empezó a mediados de los 80, la respuesta es fácil. Basta con mirar a los años 70, con todas esas urbanizaciones que uno ve por ahí y se pregunta "Dios mío, ¿cómo hicieron esto?". Ese es el escenario que podemos tener. En realidad, es un regreso al pasado.

A un urbanismo disperso, por proyectos...

El modelo que se propone es que ahora se plantean proyectos, frente a un trabajo en el que se hace un plan y con un marco de referencia se toman decisiones con respecto a ese modelo territorial integral. Si consigues que el Cabildo te declare ese proyecto de interés insular, podrá estar prácticamente en cualquier lugar. Eso puede suponer un consumo de territorio sin límites. Toda la legislación que tenemos establece un crecimiento en contigüidad: si ya hay un núcleo, la siguiente área turística estará pegada a él. ¿Por qué? Porque los servicios se amortizan. Si llenamos el suelo rústico de instalaciones de distinto tipo -turísticas, industriales, residenciales-..., eso no hay quien lo pare, porque hasta ellas hay que llevar luz, agua, carreteras... Según el proyecto de ley, para estar en suelo urbano bastará que tengas fosa séptica. ¿Vamos a llenar el suelo rústico de fosas sépticas? Es un modelo insostenible.

Se han criticado mucho los instrumentos excepcionales que plantea la ley. ¿Tal y como están planteados en el proyecto pueden ser una puerta abierta a que se haga casi cualquier cosa?

Tal y como están, son tan peligrosos que hasta un empresario debería preocuparse. Si soy el propietario de una instalación turística que ha crecido por contigüidad y que he dimensionado pensando qué tengo alrededor y qué dice el plan general, ahora no puedo prever que me pongan no muy lejos una instalación industrial, por ejemplo, que me pueda perjudicar, o que me tripliquen la oferta hotelera al crear un resort con 2.000 camas. Se puede hacer todo en cualquier sitio. Eso va a beneficiar a los empresarios que estén más cerca del poder, porque conseguirán que sus proyectos sean declarados de interés insular o autonómico.

¿Cree que esos empresarios han tenido alguna influencia en el impulso a la ley?

En esos temas más que opiniones lo interesante es buscar evidencias. Hay una noticia de un periódico de Las Palmas de 2007, antes de la crisis, que explica que las constructoras se habían lanzado a la compra de grandes bolsas de suelo rústico para edificar en el futuro. Como tenían liquidez financiera, apostaban por ese suelo, que entonces no era urbano y era barato, con la expectativa de que se modificara el planeamiento y se convirtiera en urbanizable. Todo ese dinero que se invirtió en la época de las vacas gordas ahora está inmovilizado, presionando. No se trata del pequeño empresario. Estamos hablando de mucho dinero. Esa es la perversión de la RIC (Reserva de Inversiones de Canarias). Tenemos una cultura tremendamente rentista, del siglo XIX: tengo un excedente, compro terrenos, consigo que se recalifique y edifico para uso residencial o turístico. ¿Por qué no invierten en un instituto del cáncer, por ejemplo? Hay tantas cosas en las que invertir si uno fuera inmensamente rico.

¿Habría que definir más las actividades complementarias en suelo rústico?

Si en esta ley hay un perjudicado absoluto, es el suelo rústico, entre otras cosas porque deja la puerta abierta a cosas tremendas. Por ejemplo, en esos usos complementarios se puede llegar a ocupar con edificaciones el 15% de la superficie cultivada o el 10% de la explotación. En una superficie de 28 hectáreas daría para hacer un hotel de 400 camas. Cojamos cualquier isla y empecemos a poner hoteles de 400 camas dispersos. O vamos a empezar a llenar de edificaciones hasta el 15% en muchas pequeñas propiedades. Eso rompe con toda la idea anterior del planeamiento. Por otra parte, el precio del suelo rústico ha subido de tal manera que ahora mismo es seis veces superior al del resto del Estado. Quien quiera vivir realmente de la agricultura o la ganadería no va a poder, porque no va a poder pagar el suelo a ese precio. El suelo rústico se ha convertido en un elemento de especulación. Da la sensación de que, colonizado el litoral, ahora toca la siguiente conquista: la del suelo rústico en las medianías.

¿Se corre el riesgo de desplazar a los agricultores y ganaderos?

En parte, sí. Si el precio del suelo sube y yo quiero ampliar mi explotación y me sale carísimo comprar o alquilar, pero a cambio viene alguien que me la va a comprar a un precio más alto, me marcharé. Es normal. Si de verdad queremos fomentar un poco de seguridad alimentaria, consumir un poco de lo que producimos aquí, esa dispersión no es el mejor modelo. Además, los conflictos estarán servidos. Si tengo una granja y al lado me colocan un hotel con encanto, porque es de interés insular, ¿quién va a ganar, quién se va a terminar marchando? Cuando se habla de ordenar el territorio no es por capricho: las instalaciones industriales tienen que cumplir unos requisitos y estar en determinados lugares, determinadas instalaciones agrícolas pueden ser molestas... La liberalización, que es lo que plantea el proyecto, va a traer muchos más conflictos.

La consejera ha avanzado la posibilidad de poner límites al número de camas en las instalaciones turísticas en suelo rústico.

Si colocamos el turismo rural dentro de los núcleos rurales, dentro de los asentamientos rurales, en alguna edificación que ya exista y se remodele, no es ningún problema, nadie se va a negar. Pero no parece que esa sea la intención. Ahora se están recogiendo velas, pero dudo mucho de que hubiera sido así sin este movimiento crítico. Nadie en la plataforma Canarias Territorio Sostenible ni ninguno de los profesionales que nos oponemos al proyecto estamos en contra de pequeñas rentas complementarias para la gente que realmente vive del campo. Pero hay que organizarlo. Si empezamos a llenar La Graciosa de edificaciones con cuatro camas tampoco funcionará; esas edificaciones necesitan abastecimiento de agua, de luz, ahora también de wifi...

También ha anunciado que se conformarán equipos de apoyo técnico y jurídico en cada isla para los ayuntamientos.

Cuando me digan cuántos van a ser, si van a depender de la Comunidad Autónoma o de los cabildos, si van a ser consultoras privadas y cuánto dinero se les va a destinar, podríamos valorar si será suficiente. En la Consejería de Política Territorial se ha jubilado mucha gente muy cualificada. Si vaciamos la Consejería, ¿cómo vamos a organizar esas unidades técnicas? Hay que tener un buen equipo en la Consejería y en los cabildos, técnicos independientes, porque esa independencia puede costarle su trabajo a un técnico municipal. Los técnicos deben tener cobertura de estabilidad laboral, porque pueden irse a la calle dependiendo de quien gobierne. Es un tema tan delicado que hay que profesionalizar a quienes tienen que informar sobre él.

La adenda al pacto prevé que la evaluación ambiental de los planes la siga haciendo un órgano de la Comunidad Autónoma. ¿Ese órgano también debería hacer los informes de legalidad?

Eso realmente sería una especie de "airbag", una garantía para los ayuntamientos, que podrían aprobar y tramitar sus planes si los dotan de medios técnicos. La cuestión es que tengan al menos la seguridad de que lo que hacen es legalmente correcto y que ambientalmente está bien planteado. Lo lógico es que la evaluación no la haga quien va a aprobar el plan, sino un observador externo. Si garantizamos que hay un organismo de ámbito autonómico, con los medios adecuados, que haga las declaraciones relativas a la evaluación ambiental y los informes jurídicos vinculantes, lo otro se puede descentralizar sin problema. Pero para eso son necesarios medios. ¿Qué puede hacer ese órgano si de repente le llegan 17 planes y solo tiene una persona informando?

¿Ha habido un proceso de participación real?

Sabemos que ha existido el plazo legal entre el anteproyecto y el proyecto, que luego se amplió 15 días porque los colectivos lo pidieron, y a partir de ahí no ha habido más participación oficial. Ahora, en el proceso de trámite parlamentario se ha abierto una aplicación para que los ciudadanos puedan hacer sugerencias a través de la plataforma del Parlamento. Es una pena perder la oportunidad de hacer un buen debate sobre el territorio en Canarias por unas prisas que no se entienden. Otras comunidades autónomas se dan mucho más tiempo para un proceso como este, y cuando se discutieron aquí las Directrices se dio un tiempo prolongado para que los colectivos hablaran, para negociar... El territorio es un bien tan escaso y tan común , como el aire o el agua, y queremos hacer una ley que la regule, con la trascendencia que tiene, en solo un año.

¿Qué opina sobre la campaña de difusión de la ley que ha realizado el Gobierno?

Cuando menos, es completamente discutible desde el punto de vista ético. ¿Cómo puedes hacer propaganda sobre tu postura en una ley que está en el Parlamento? Haz propaganda para que la gente participe en la plataforma del Parlamento. Eso sí es propaganda institucional.

El liderazgo de Lanzarote en sostenibilidad

La actividad de Emma Pérez-Chacón contra el proyecto de Ley del Suelo que impulsa el Gobierno canario ha sido muy intensa. Acude a debates, atiende a medios de comunicación, promueve alegaciones y actúa en el seno de instituciones, caso de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, de cuyo gabinete científico forma parte. Junto a otros cuatro integrantes de este organismo, Pérez Chacón formuló extensas observaciones al texto legal y propuso que, tal y como ocurrió a finales de los 90 -cuando puso freno al crecimiento sin límites y se adelantó a la moratoria turística de Canarias, la isla de los volcanes lidere "iniciativas para garantizar que los criterios de sostenibilidad prevalezcan en la ordenación del territorio". También es miembro de la plataforma Por un Territorio Sostenible. La profesora de Geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sostiene que el movimiento crítico y de rechazo al proyecto "estrella" de esta etapa inicial de la legislatura ha sido clave para que ya se hayan producido algunas rectificaciones, aunque sean insuficientes.

Una lanza por las Directrices

Los docentes del Departamento de Geografía de la ULPGC Ángela Castellano y Ramón Díaz, el arquitecto urbanista Faustino García Márquez y la propia Emma Pérez Chacón presentaron un conjunto de alegaciones a la Ley del Suelo -entonces todavía en fase de anteproyecto- en las que solicitaban una "reconsideración en profundidad" del modelo de ordenación y uso del territorio que el texto planteaba, "reorientándolo hacia un modelo territorial general, urbano y rural sostenible". Asimismo, pedían que se mantuvieran las Directrices de Ordenación General como normas que garantizan una visión global del territorio en el Archipiélago, "sin perjuicio de las revisiones, modificaciones o desarrollos convenientes para la actualización de sus determinaciones".