Un total de 1.611 estudiantes de islas no capitalinas, de los 5.000 potenciales beneficiarios, han solicitado las ayudas para el desplazamiento impulsadas por el Gobierno de Canarias para combatir la doble insularidad. De esta cantidad, unas 240 fueron demandadas por jóvenes que están cursando Formación Profesional y 30 de Enseñanzas Artísticas, mientras que el resto fueron requeridas por universitarios.

La primera convocatoria, valorada en 720.000 euros, iba dirigida a costear dos trayectos durante los primeros tres meses del curso. Los alumnos dispusieron de 20 días para presentar la documentación.

El próximo año se abrirá un segundo periodo para solicitar estas ayudas, cuyo objetivo es cubrir los trayectos a realizar entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2017, hasta un máximo de cuatro por cada estudiante.

El Gobierno de Canarias decidió este año costear estos cuatro trayectos para facilitar que todos los estudiantes del archipiélago, "sin obstáculos geográficos o demográficos, tengan iguales oportunidades para acceder a estudios superiores y recibir la mejor formación en el ámbito académico de su elección". Así lo explicó la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, cuando se puso en marcha la medida.

Se trata de la primera convocatoria de este nuevo programa de ayudas, que este curso está dotado con 1,5 millones de euros y que podrá ampliarse en el caso de que el número de solicitudes supere las previsiones de la Consejería, algo que de momento no ha ocurrido.

Este cheque de transporte no se adjudican en función de la renta, sino que van dirigidas a todo el alumnado que curse estudios superiores y que resida en una de las islas menores.

Esta decisión ha generado críticas, sobre todo en Nueva Canarias, que considera que la ayuda debería beneficiar a todos los estudiantes matriculados en estudios superiores, con independencia de la isla en la que residan, que deban trasladarse a otra isla o a la península para continuar con su formación.

La Consejería insiste en que se trata de una medida para combatir la doble insularidad, pero no descarta ampliar el número de beneficiarios si hay disponibilidad presupuestaria, según adelantó Monzón en una entrevista reciente concedida a este medio.