Estaba sentado en su casa, se levantó y notó que algo se rompía en su cadera. Al principio no supo con exactitud qué ocurría, pero empezó a sentirse cada vez peor y tuvo que usar muletas. Después de peregrinar por distintos médicos y de tener diagnósticos contradictorios, Javier supo la verdad: la prótesis que le habían colocado en 2006 era defectuosa. Formaba parte de un lote de prótesis implantadas a más de 93.000 personas en todo el mundo y en 70 centros hospitalarios de España. El error se conocía desde hacía años, pero nadie le había informado.

Javier lo pasó muy mal durante los más de tres años que tuvo que esperar a que le sustituyeran la prótesis de cadera. "No podía ni coger a la niña; intentas seguir haciendo tu vida pero algo así te cambia toda la vida, no es algo que te afecte solo físicamente, sino psicológicamente", recuerda. Ayer asistió a una reunión convocada por el despacho de abogados de Emilio Ortiz en el hotel Mencey, en Santa Cruz de Tenerife, junto con otros afectados. Tanto los usuarios como el representante legal, que ha llevado ya varios casos similares, se quejan del enorme retraso de la sanidad española, que, consideran, no ha asumido este problema con responsabilidad, es decir, informando y revisando todas las cirugías, tal como ha ocurrido en Estados Unidos y Australia desde 2009, cuando salió a la luz este problema. En Canarias y en la mayoría de las comunidades autónomas, sostiene el abogado, no se ha dado información al respecto y muchos de los potenciales afectados lo desconocen.

Ortiz resume lo que ha sucedido. La industria, en la búsqueda de un material más moderno, duradero y adecuado para los implantes ha acumulado éxitos, pero también fracasos. Existen distintas combinaciones para fabricar una prótesis: metal con metal, metal contra cerámica o solo polietileno (plástico). "La primera de las combinaciones no ha cumplido todas las expectativas. Su durabilidad aumentaba el rango de 15 a 20 años, pero la fricción entre las dos partes de la prótesis que emulan una osamenta puede provocar, en los prototipos defectuosos, la liberación de partículas cancerígenas que se evidencian en niveles altísimos de cromo y cobalto en sangre".

El paciente empieza a notar dolores en la zona, cansancio o problemas en la piel cuando la prótesis cumple la mitad de su supuesta vida material.

A pesar de que desde 2010 las autoridades sanitarias europeas empezaron a interesarse por el número de personas que se encontraban en esta situación, en España y en Canarias la situación ha sido bien distinta. No se ha informado a los usuarios y aún no existe una alerta sanitaria sobre estas y otras prótesis defectuosas. Las prótesis deficientes detectadas inicialmente pertenecían a una filial de J&J, pero "ya no es la única empresa implicada". Este despacho lleva en la actualidad más de 200 casos. "Empresas como Traiber, BHR Smith and Nerphew o Biomet llevan lacras de la misma índole en su historial".

La Consejería "sigue sin informar"

Javier, a través de la Plataforma por la Dignidad, presentó a principios del año pasado un escrito en el Servicio Canario de Salud demandando que la Administración informara a los posibles afectados de su situación.

"No han hecho nada", lamentó ayer, antes de entrar al encuentro con el despacho de abogados de Emilio Ortiz. Se- gún el letrado, la argumentación médica en los tribunales es que "aunque el lote es defectuoso, no se desencandenan problemas en todos los pacientes". Esta explicación "es una excusa inconsistente, más cuando se encuentra detrás un organismo público".

Además, para Ortiz el caso de Canarias es más dramático si cabe, porque muchas de las personas afectadas apenas tienen recursos y tienen muchas dificultades para hacer una vida normal en una vivienda que no es accesible.

El despacho de abogados estima que las indemnizaciones a las que tienen derecho los damnificados oscilan entre los 280.000 y los 900.000 y servirían para resarcir algo el daño sufrido. "Al menos ahora puede haber justicia para los miles de afectados que han sufrido en muchos casos daños irreversibles", apunta.

El abogado no tiene cifras exactas sobre afectados en Canarias, pero recuerda que, cuando el problema se desveló, un solo centro en Tenerife reconoció haber implantado alrededor de un centenar de prótesis de cadera de este tipo.