Sin el Partido Socialista al frente de la Consejería de Sanidad y con un referéndum a la vuelta de la esquina para valorar la gestión del gerente y su equipo, la dimisión de la dirección del Hospital Universitario de Canarias (HUC) era solo cuestión de tiempo. El pronóstico había sido hecho por muchos sindicatos antes de que el martes se produjera la dimisión en bloque de toda la directiva.

"Era la crónica de una muerte anunciada", explica Cati Darias, representante de Intersindical Canaria (IC). "Esgrimen como justificación los recortes presupuestarios, algo que está ocurriendo desde 2008. No debemos olvidar que ellos no solo aceptaron los presupuestos de 2016, que eran peores, sino que dijeron que se podía hacer más con menos", critica.

"La dimisión es la salida digna, porque el equipo se enfrentaba a una consulta el 12 de enero en la que los trabajadores se iban a pronunciar sobre su cese y porque la situación política también indicaba cuál era el camino". Lo triste de la decisión, tomada, según los protagonistas, porque el presupuesto asignado para 2017 no permitirá atender en condiciones a 600.000 personas de la zona norte de Tenerife, es que se asume que eso ya ha estado ocurriendo. "Sin embargo, ni los alcaldes ni el Cabildo parecen afectados".

Guillermo de Loño, representante de Comisiones Obreras y miembro del comité de empresa del HUC, valora la determinación de la directiva por "coherencia", pero recuerda que el desfase entre el presupuesto y el gasto, que superará los 20 millones de euros, no es una novedad. "Aunque se haya publicado ahora, los directores conocieron el presupuesto en noviembre", señala. Lo cierto es que "desde 2015 los directores han estado obligados a gestionar la miseria". A su juicio, el trato que está recibiendo el HUC desde hace años en comparación con otros centro que cuentan con mejores condiciones laborales, explica que esté perdiendo talento y convirtiéndose en el "furgón de cola" de la sanidad canaria.

Levy Cabrera, portavoz del Sindicato Médico de Tenerife, aplaude que el equipo haya optado por renunciar a su responsabilidad -"es algo que no solemos ver"-, pero coincide con que la situación en el HUC se está volviendo insostenible. Los especialistas no tienen estabilidad porque no se crean contratos interinos ni se actualiza la plantilla orgánica, lo que provoca una desigualdad evidente entre los centros sanitarios de Canarias.

El ya exgerente, Eduardo de Bonis, explica en la carta de renuncia que las partidas previstas en el presupuesto no permitían dar una atención adecuada a todos los ciudadanos del área norte, población asignada a este centro hospitalario. "Las partidas consignadas inicialmente frente al gasto real producido en el ejercicio 2016 no garantizan los recursos humanos y medios para prestar una asistencia adecuada a nuestros usuarios de la zona norte".

Críticas al consejero que viene de la privada

El nombramiento del nuevo consejero de Sanidad, José Luis Baltar, ha generado intranquilidad entre parte de los empleados públicos. El exdirector de la Clínica San Roque, en Gran Canaria, era hasta la fecha vicepresidente de la Alianza por la Sanidad Privada. En su currículo, no obstante, también se puede leer su cargo como gerente del Hospital Materno Infantil y como director de gestión y servicios generales del Complejo Hospitalario Xeral-Calde, en Lugo.

Es licenciado en Matemáticas, máster en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria y tiene como principal tarea cuadrar las cuentas del Servicio Canario de Salud y reducir las listas de espera.

Comisiones Obreras valora el hecho de que se haya elegido a un técnico para el cargo, una demanda que el sindicato siempre ha mantenido, y reconoce que sus compañeros de Las Palmas de Gran Canaria "no tienen un mal recuerdo de su etapa en el Materno", según explicó Guillermo de Loño.

Intersindical Canaria tiende su mano para trabajar con el nuevo gestor, "siempre y cuando se comprometa en la defensa de una sanidad pública", pero recuerda que hace unos meses, el nuevo consejero, cuando aún era director de la clínica San Roque, cifró en 16 millones el dinero que necesitaba para reducir la lista de espera en Canarias a través de derivaciones a la concertada.

Esas declaraciones provocaron la indignación del entonces consejero, Jesús Morera. "Me parece un insulto a la inteligencia decir que las listas de espera se solucionan con 16 millones", dijo en declaraciones a la Cadena Ser. En la misma entrevista especificó que durante 2016 se presupuestaron 23 millones para Gran Canaria y 23 para Tenerife para reducir las listas de espera y aún así crecieron.