El nuevo consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y secretario general de CC, José Miguel Barragán, reiteró ayer su postura sobre los expedientes de expulsión abiertos por su formación a la alcaldesa de Arico, Elena Luis, a los siete concejales nacionalistas de Granadilla que propiciaron la censura contra el PSOE y los cuatro portuenses que se negaron a cumplir la adenda del pacto con los socialistas. En declaraciones a Radio El Día, Barragán mostró ayer su disconformidad con la visión del vicesecretario de CC en Tenerife, alcalde orotavense y negociador con estos ediles, Francisco Linares, quien declaró a este periódico la semana pasada y el lunes ratificó en dichos micrófonos que la ruptura del Gobierno les obliga a replantearse esos expedientes.
En línea con lo que ha defendido hasta ahora, hasta el punto de anunciar su dimisión por no parar la censura en Granadilla, si bien el partido le frenó ese paso, Barragán considera que lo que ha pasado con estos concejales, los comités locales y hasta las asambleas de afiliados del Puerto y Arico es un claro y grave incumplimiento de las consignas internas del partido. Por eso, y coincidiendo con la opinión del secretario de Organización y portavoz parlamentario, José Miguel Ruano, cree que no pueden dejar pasar lo ocurrido, hacer morir los expedientes o esperar a que se celebre el congreso nacional de CC a finales de marzo. En ese caso, piensa que estarían dando un mensaje de un claro reino de taifas que no se puede permitir un partido que aspire a llamarse así y a tener disciplina interna.
Aunque ayer no lo reiteró, Barragán y Ruano son partidarios, incluso, de crear gestoras en esos tres municipios por lo ocurrido y temen que, de lo contrario, sean aún más superados por el PP o pierdan su posición y se debiliten.
Por otro lado, el nuevo consejero volvió a afirmar que desconoce las razones reales del PSOE para "forzar" su salida del Gobierno, quién fue el que decidió ese camino y por qué no aceptaron las "cesiones" finales sobre el Fdcan.