El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido cautelarmente la autorización concedida por el Gobierno canario a Red Eléctrica para construir su nueva línea de alta tensión en Fuerteventura para evitar posibles daños al medio ambiente, que cree que podrían ser "irreparables".
El TSJC considera además que la autorización tiene indicios de ilegalidad, porque el Gobierno canario dio ese permiso por un procedimiento especial que se impone sobre las competencias de cabildos y ayuntamientos, pero sin tener en cuenta que no se ha culminado la revisión del Plan Insular de Fuerteventura y ni los planes generales de urbanismo de Puerto del Rosario y Antigua.
La Sala de lo Contencioso Administrativo subraya que las autorizaciones especiales "deben ser interpretadas de forma restrictiva", por lo que, dado que el recurso lo interpone el Cabildo de la Isla y que la línea de alta tensión "cuenta asimismo con la oposición de los dos municipios directamente afectados", argumenta, el Gobierno canario "debió ponderar con especial atención su criterio" para ser "respetuoso con su autonomía".
El permiso suspendido declaraba de utilidad pública y autorizaba la construcción de una línea de 132.000 voltios de tensión entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal, así como de una nueva subestación eléctrica en esta última localidad del municipio de Tuineje.
El auto que suspende la autorización se basa como argumento principal en el "principio de precaución", que obliga a las administraciones, "en caso de duda", a "negar la autorización de cualquier actividad que pueda dañar o menoscabar el deseable equilibrio natural", de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo.