Las solicitudes de protección internacional solicitadas desde Canarias se multiplicaron por tres entre 2014 y 2016, periodo en el que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) pasó de tramitar 87 peticiones a 300. La mayor parte de esos expedientes fueron iniciados por ciudadanos venezolanos, que desde 2015 constituyen el grupo de demandantes más numeroso. A continuación se situaron los ciudadanos de Sáhara Occidental, aunque en los últimos años han seguido una tendencia a la inversa y han disminuido los requerimientos presentados.
Las personas que inician esta demanda de protección proceden de ámbitos geográficos con los que el Archipiélago tiene algún tipo de relación. La vecindad y los vínculos históricos explican el origen de las peticiones. Juan Carlos Lorenzo, delegado de CEAR en Canarias, recuerda que "la realidad de Canarias es diferente a la que pueden experimentar otras zonas del Estado español o del resto del continente. La mayoría de las personas que están llegando a países europeos lo hacen, sobre todo, a través del Mediterráneo o el Egeo, y son de origen sirio, afgano, iraquí, eritreo... Nuestro contexto geográfico nos dice que las personas que se acercan a Canarias como frontera sur de la Unión Europea buscando protección como país seguro proceden de otros ámbitos geográficos, principalmente países africanos o latinoamericanos", precisa.
"También se producen llegadas de otros lugares más alejados, como pueden ser Irán, Irak, Afganistán o Sri Lanka, pero es algo más residual. Nuestra realidad viene marcada por Venezuela, Sáhara Occidental, Mali, Guinea Conakry, Ucrania". Esto explica que apenas se hayan registrado solicitudes a cargo de ciudadanos sirios. "Tenemos a partir de 2016 y bastantes pocas".
Con respecto al caso de Venezuela, Lorenzo destaca que "ha habido un aumento significativo de solicitudes desde 2015". Ya en años anteriores, en 2014, "se habían producido llegadas de personas de Venezuela, pero se ha notado sobre todo en 2015 y en 2016". El motivo que alegan estos ciudadanos "es la situación de inestabilidad, sobre todo la elevada inseguridad de vivir en el país".
Pero iniciar el camino para conseguir protección internacional no tiene nada que ver con conseguirlo. El resultado depende mucho del país donde se inicie el trámite y de la consideración que se haga de las pruebas que se presenten para avalar la situación de persecución. En 2015, último año del que se tienen datos de resoluciones, solo el 31% de los expedientes fueron positivos, mientras que el 69% fueron denegaciones. Estos porcentajes sitúan a España bastante lejos de países de su entorno. Dentro de estas cifras, hay nacionalidades "prioritarias". "Se priman las solicitudes de personas sirias antes que las de otras nacionalidades. La maquinaria burocrática no puede gestionarlo todo con la celeridad que debiera", constata CEAR.
"Desgraciadamente es un porcentaje inferior a lo que nos gustaría. El índice de protección que dispensa el Estado es poco significativo, está por debajo de lo que debería ser. Si lo comparamos con otros países en el ámbito europeo, Italia tiene un índice de protección favorable del 41%, Alemania del 57% y Suecia del 72%", detalla el responsable.
"Consideramos que esto puede ser resultado de que no existe un sistema europeo común de asilo que establezca unos estándares óptimos de protección ante casos similares de protección", lamenta Lorenzo. A su juicio, "España no es país para refugiados".
El procedimiento se puede retrasar años
La teoría dice que una petición de protección internacional (esta nomenclatura sustituyó a asilo en la ley de 2009) debe resolverse en un periodo de entre seis meses y un año. Sin embargo, muchas veces el expediente se tramita durante más tiempo. "Hay casos que se han prolongado durante cuatro años", recuerda Lorenzo. Mientras tanto, el solicitante puede usar todo el catálogo de prestaciones disponibles para las personas que demandan asilo.
Formas de pedir ayuda
Un ciudadano que huye de su país puede solicitar protección internacional a través de dos vías: como refugiado -alegando persecución por opiniones políticas, raza, clase social, orientación sexual o violencia de género, entre otros- o protección subsidiaria. Esta vía es la que usan la mayoría de los sirios hoy. No están perseguidos por los supuestos anteriores, pero su vida corre peligro.