La Fiscalía ha solicitado un año y tres meses de cárcel para el exportavoz de CC en el Congreso José Carlos Mauricio, al que acusa de haber colaborado con un contrato de trabajo falso a que una ciudadana cubana, pareja de un amigo, regularizara su situación inmigratoria en España.

En un escrito registrado ayer, martes, ante el juzgado que instruye el caso, el fiscal propone que se imponga la misma pena a la ciudadana cubana presuntamente beneficiada de ese amaño, Mayra Despaigne, y a su pareja, José Manuel Benítez, decano de la Facultad de Economía de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El Ministerio Público reclama que los tres sean juzgados por un posible delito de falsedad en documento oficial, por las supuestas irregularidades descubiertas en el procedimiento por el que Mayra Despaigne consiguió legalizar su residencia en España.

Esta ciudadana cubana presentó en 2014 una solicitud ante la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Las Palmas para obtener los permisos de residencia y trabajo en el país, acogiéndose a la vía del "arraigo social" prevista en la Ley de Extranjería.

El fiscal recuerda que la ley exige a quien pretenda acogerse a esas circunstancias haber residido al menos tres años en España de manera continuada y presentar una oferta de trabajo.

La acusación sostiene que su pareja, José Manuel Benítez, acreditó fraudulentamente que su pareja estaba empadronada en su domicilio de la capital grancanaria, cuando en realidad no residía en él de continuo, sino solo cada vez que entraba en España con visado de turista para estancias de un máximo de tres meses.

La Fiscalía mantiene que Benítez propuso a su amigo Mauricio que simulara que Despaigne había sido contratada en la Fundación Centro de Estudios Canarios, propuesta que aceptó el exdiputado.

La acusación pública pide que cada uno de los tres imputados pague una multa de 3.600 euros y que la condena de prisión que se imponga a Mayra Despaigne, si es declarada culpable, sea conmutada por su expulsión de España.