Canarias supera en 13,9 puntos porcentuales el número de camas hospitalarias privadas la media estatal. Si el resto del país presenta un 20% de este tipo de oferta de salud en los hospitales, en las Islas se eleva al 33,9%, porcentaje que el grupo parlamentario de Podemos, junto a otros datos muy llamativos, considera suficientemente significativo y alarmante como para justificar la auditoría externa que planteó el pasado miércoles en la Cámara y que fue respaldada por el PSOE y NC, pero rechazada por la mayoría (de momento coyuntural) conformada por CC, PP y ASG, que retiró en el ultimo suspiro una enmienda a la proposición no de ley de Juan José Márquez.
Como otros datos, Márquez extrajo este de informes como el de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de 2015, texto en el que también se pone de relieve que, en el Archipiélago, los hospitales privados representan ya el 57,9% de la oferta total. Además, recordó que la consejería calcula un gasto en externalización de más de 200 millones anuales (más del 9% del gasto del área), que las Islas son las terceras con mayor peso de los conciertos y que la ley de 1994 presenta este recurso como "excepcional y por tiempo limitado" hasta contar con los servicios en la red pública.
Asimismo, puso especial hincapié en que, en la Provincia tinerfeña, no se ha creado ninguna cama de agudos desde 1978 y en el hecho de que algunos de los conciertos aún vigentes, y que el propio consejero de Sanidad admite que han de actualizarse, datan de antes de la aprobación de la Carta Magna.
No obstante, el nudo gordiano de sus argumentos para exigir el estudio externo con el fin de evaluar si los conciertos se rigen por criterios de eficacia, eficiencia y economía, así como si las prestaciones responden en la cantidad, calidad y coste adecuados, o si una gestión directa garantizaria mejores resultados, lo fundamentó en un informe de la Audiencia de Cuentas entregado a la Comisión de Hacienda el pasado 9 de junio.
En ese texto, el órgano fiscalizador regional reconoce que no cuenta con medios personales ni materiales para hacer un análisis exhaustivo de un ámbito tan "importante" por volumen como el de los conciertos sanitarios en Canarias. Eso sí, analizó 4 hospitales (incluyendo el servicio de urgencias), 6 hospitales y otros 6 centros de larga estancia, 1 centro de cirugía cardiovascular e intervencionista y dos para interrupciones voluntarias del embarazo. El estudio se ciñó solo a 2014 y a estos equipamientos y áreas, contabilizando datos que, para Podemos, son casi escalofriantes si no se puede saber si hay eficiencia real. Se detectaron 22.421 procesos quirúrgicos, 216.955 estancias de larga duración, 52.384 urgencias hospitalarias no ingresadas y 23.612 pruebas diagnósticas sin resonancias. También se registraron 10.833 pacientes autorizados en rehabilitación/fisioterapia, con 332.760 sesiones; 764 atendidos en logopedia para un total de 32.350 sesiones; 37.036 estudios para resonancias magnéticas; 18.596 consultas y tratamientos dentales para niños; 7.119 prestaciones ortoprotésicas y 6.804 terapias respiratorias domiciliarias. Además, se constató que el 80% del transporte sanitario también se concertó en ese año.
Para Márquez, se trata de cifras que presentan como urgente una fiscalización externa, y más si se atiende al estudio de la ULL de 2010 que situó a Canarias como líder de la rentabilidad de la sanidad privada en España, doblando la media estatal. También subraya la facturación de derivaciones sanitarias a centros con los que el SCS no tiene convenios, "como la Clínica Parque, cuyo actual gerente ocupaba ese mismo puesto en el HUC hasta mediados de 2015, año en el que dicho centro aumenta las facturadas de 2.228 a 2.577". Sus críticas también las dirige a los contratos que "nunca salieron a concurso y con centros que no están homologados para mantener concertación, como la Residencia Médica Nuestra Señora del Mar".
En su PNL, Podemos alerta de que, en 2015, el programa de atención dental infantil supuso un gasto de 1,484 millones, siempre gestionado por los colegios de dentistas. Asimismo, alude a los "numerosos dictámenes del Consejo Consultivo (como el 136/2016) que cuestionan utilizar la nulidad de los contratos como forma habitual de habilitar la contratación de suministros médicos, con total desprecio a la normativa", así como que el SCS "contrate sin una correcta planificación para lograr eficiencia" (...) y con total desprecio a los principios reguladores de la contratación pública: transparencia, legalidad y seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima".
Tras el informe de 2016, el PSOE propuso el 9 de junio pasado analizar lo ocurrido de 2012 a 2015 (con el apoyo de CC), pero ahora se ha tumbado la propuesta de Podemos, partido que aceptó una enmienda de NC que rebajaba el periodo a estudiar a 4 años (y no 7) y que el análisis externo, supervisado por la Audiencia, sea por fases (hospitalaria, actividad ambulatoria, transporte concertado y terapias respiratorias a domicilio o prestaciones ortoprotésicas) para hacerlo viable.
Para Podemos, lo que ocurre obedece a una clara visión neoliberal que precariza el empleo y busca la especulación sanitaria bajo le premisa inicial de una insuficiente financiación. En contraste, el líder de ASG, Casimiro Curbelo, tildó ayer de "populista" pedir esta auditoría.