Santa Cruz de Tenerife

Canarias mejoró en 2016 su sistema de dependencia pero sigue con el peor servicio

Canarias sigue como la última comunidad española en la aplicación de la ley de dependencia./El Día
Las Palmas de Gran Canaria, EFE
17/feb/17 11:46
eldia.es

Canarias sigue ocupando el último lugar del país en los indicadores fundamentales del sistema de dependencia cuando se cumplen diez años de su puesta en marcha, como los de personas atendidas o inversión por habitante, pero es la segunda región que más terreno recuperó durante 2016.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Asuntos Sociales ha publicado hoy el informe anual de su Observatorio sobre la Dependencia, en el que hace balance de la primera década de existencia de este sistema de protección social y pone cifras al sobrecoste que las comunidades autónomas han tenido que afrontar en esta materia debido a los recortes que aplica el Estado desde 2012.

La comunidad de Canarias aparece de nuevo en el último puesto del país en desarrollo del sistema de la dependencia, con una nota de 1,79 sobre 10. También suspenden Aragón (2,5), Navarra (2,86), la Comunidad Valenciana (3,21), Cantabria y Baleares (3,57), Cataluña (3,93), Ceuta y Melilla (4,29) y Asturias (4,64).

En el extremo opuesto, con las puntuaciones más elevadas, se sitúan Castilla y León (8,93), La Rioja (7,86), Andalucía y Castilla-La Mancha (6,79), Madrid, Galicia y Murcia (6,07), País Vasco (5,36) y Extremadura (5).

De acuerdo con los datos de este Observatorio, Canarias presenta la tasa más baja de beneficiaros potenciales realmente atendidos (solo el 4,37 % de los que tendrían derecho a una prestación) y la menor inversión pública por habitante (48 euros al año).

En comparación con la media nacional, la cobertura del sistema de dependencia en Canarias llega a la mitad de beneficiaros que en el resto de España (4,37 frente a 8,47 %) y la inversión pública por habitante se sitúa casi en la tercera parte (48 frente a 122 euros).

El archipiélago es además la comunidad con mayor lista de espera en este tipo de servicios (43 % de los solicitante, 13.911) y la que más beneficiarios tiene en un "limbo" legal (el 45,22 %).

La Asociación de Directores y Gerentes de Asuntos Sociales define con ese concepto, "en el limbo", la situación en la que se encuentran aquellos ciudadanos que tienen ya reconocido el derecho a algún tipo de prestación por dependencia, pero no la reciben, colectivo que en las islas representa casi a la mitad del total.

El informe del Observatorio de la Dependencia reconoce a Canarias que el año pasado fue la segunda comunidad autónoma que más mejoró uno de los indicadores principales: el relativo al número de personas atendidas, que creció un 21,37 por ciento, una tasa que casi triplica el aumento medio nacional (8,72 %) y que solo fue superada por el avance que consiguió Baleares (25,43 %).

Sin embargo, esta asociación de directivos del sector incluye a Canarias entre las comunidades que le suscitan "mucha preocupación", porque considera que, a pesar del importante incremento que logró en 2016, es tanto "el camino que le queda por recorrer", que no podrá absorber su lista de espera en un tiempo razonable.

En este sentido, subraya además que el archipiélago sigue siendo la región que menos presupuesto público dedica a esta materia en proporción a la población potencialmente dependiente, con un promedio de 300,10 euros por potencial beneficiario al año, muy lejos de los 906,51 euros que se gasta Cantabria, la comunidad que lidera esta tabla, pero también de la media nacional, situada en 554,97 euros.

El informe hace constar asimismo que Canarias ha dejado de recibir del Estado en los últimos cinco años 58,4 millones de euros de financiación como consecuencia de los recortes introducidos por el Consejo de Ministros a través del real decreto ley 20/2012.

Como resultado de ello, la comunidad autónoma soporta con cargo a su propio presupuesto el 77 % de la financiación pública del sistema de protección a la dependencia en las islas.

Según sus cuentas, la protección a la dependencia en Canarias cuesta cada año casi 139 millones de euros, de los que 88 millones son aportados por la comunidad autónoma (el 62 % del total y el 77 % de la financiación pública) y 26 millones se cubren con fondos del Estado (el 18 % del total y el 23 % de la financiación pública).

Los alrededor de 25 millones restantes (el 20 %) recaen sobre los bolsillos de los propios beneficiarios, a través de los copagos.

De toda esa cantidad, la asociación estima que la tercera parte, 44,4 millones, retorna a las arcas públicas a través de cotizaciones a la Seguridad Social e impuestos como el IRPF o el IGIC.

El Observatorio advierte además que con el dinero que ha dejado de percibir del Estado, Canarias podría atender a 2.000 nuevos dependientes y haber creado 400 puestos de trabajo directos ligados a estos servicios solo durante el año pasado.

De acuerdo con sus datos, 3.653 personas trabajan hoy en Canarias en servicios asociados directamente a la dependencia, el triple de lo que lo hacían hace diez años (1.155).