La ponencia sobre la nueva ley del suelo desarrollada ayer en el Parlamento de Canarias entre todos los grupos avanzó en la mayoría de aspectos, pero quedó claramente encallada en lo relativo al órgano regional que ha de seguir fiscalizando y sancionando los planes de ordenación. En este caso, el gran obstáculo que separa a CC de su anterior socio, el PSOE, se refiere a la intención socialista, apoyada por grupos como Podemos y NC, de que ese estamento regional no solo analice y sea vinculante respecto a los proyectos de urbanismo locales, sino también respecto a los planes de ordenación de los cabildos insulares, diferencia que puede ser clave.
Mientras CC considera que el PSOE se está desdiciendo de lo firmado en la adenda del pacto ya extinto en noviembre pasado sobre los informes estructurantes, los socialistas creen ser coherentes con su advertencia de que, tras la ruptura del acuerdo de gobierno, tendrían las manos libres para mantener sus propias directrices respecto a esta normativa.
Pese a esto, el portavoz de CC en la Cámara, José Miguel Ruano, siguió mostrándose ayer muy optimista sobre que, al final, haya un amplio consenso sobre la ley, sobre todo por que PP y PSOE se sumen a las tesis de CC desde la flexibilidad de posturas.
Ruano sigue creyendo que el texto puede salir por un total de 48 votos de un total de 60, si bien ya da por imposible el apoyo de Podemos y Nueva Canarias. Sobre la diferencia respecto al órgano regional (artículo 13), recalcó que lo más sensato ayer fue dejarlo sobre la mesa.
Mientras, el portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, lamentaría que una ley tan importante saliera solo por 33 votos (CC, PP y su grupo).