Canarias sigue ocupando el último lugar del país en los indicadores fundamentales del sistema de dependencia cuando se cumplen diez años de su puesta en marcha, como los de personas atendidas o inversión por habitante, pero es la segunda región que más terreno recuperó durante 2016.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Asuntos Sociales publicó ayer el informe anual de su Observatorio sobre la Dependencia, en el que hace balance de la primera década de existencia de este sistema de protección social y pone cifras al sobrecoste que las comunidades autónomas han tenido que afrontar en esta materia debido a los recortes que aplica el Estado desde 2012.

Canarias aparece de nuevo en el último puesto del país en desarrollo del sistema de la dependencia, con una nota de 1,79 sobre 10. También suspenden Aragón (2,5), Navarra (2,86), la Comunidad Valenciana (3,21), Cantabria y Baleares (3,57), Cataluña (3,93), Ceuta y Melilla (4,29) y Asturias (4,64).

En el extremo opuesto, con las puntuaciones más elevadas, se sitúan Castilla y León (8,93), La Rioja (7,86), Andalucía y Castilla-La Mancha (6,79), Madrid, Galicia y Murcia (6,07), País Vasco (5,36) y Extremadura (5).

De acuerdo con los datos de este Observatorio, Canarias presenta la tasa más baja de beneficiaros potenciales realmente atendidos (solo el 4,37 % de los que tendrían derecho a una prestación) y la menor inversión pública por habitante (48 euros al año).

En comparación con la media nacional, la cobertura del sistema de dependencia en Canarias llega a la mitad de beneficiaros que en el resto de España (4,37 frente a 8,47 %) y la inversión pública por habitante se sitúa casi en la tercera parte (48 frente a 122 euros).

El archipiélago es además la comunidad con mayor lista de espera en este tipo de servicios (43% de los solicitante, 13.911) y la que más beneficiarios tiene en un "limbo" legal (el 45,22 %).

La Asociación de Directores y Gerentes de Asuntos Sociales define con ese concepto, "en el limbo", la situación en la que se encuentran aquellos ciudadanos que tienen ya reconocido el derecho a algún tipo de prestación por dependencia, pero no la reciben, colectivo que en las islas representa casi a la mitad del total.

El informe reconoce a Canarias que el año pasado fue la segunda comunidad autónoma que más mejoró uno de los indicadores principales: el relativo al número de personas atendidas, que creció un 21,37 por ciento, una tasa que casi triplica el aumento medio nacional (8,72 %) y que solo fue superada por el avance que consiguió Baleares (25,43 %).

"Mucha preocupación" por las Islas

La asociación incluye a Canarias entre las comunidades que le suscitan "mucha preocupación". El archipiélago sigue siendo la región que menos presupuesto público dedica a esta materia en proporción a la población potencialmente dependiente, con un promedio de 300,10 euros por potencial beneficiario al año, muy lejos de los 906,51 euros que se gasta Cantabria. El informe hace constar que Canarias soporta con cargo a su propio presupuesto el 77% de la financiación para dependencia.