El pasado miércoles, los funcionarios del Estado en las Islas se llevaban las manos a la cabeza al descubrir que varias sentencias del Tribunal Supremo anulaban los convenios que hasta ahora tenía el Servicio Canario de la Salud con la Mutualidad General Judicial (Mugeju), la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (Muface) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas).
En un principio se creyó que la desaparición de estos convenios iba a generar que los trabajadores afiliados a estas mutuas no pudieran acceder a la sanidad pública de manera gratuita, sin embargo, la Consejería de Sanidad ha asegurado que "los usuarios no se verán afectados y seguirán recibiendo la asistencia sanitaria tal como ha sucedido hasta ahora". Asimismo, añadieron que "la atención que se preste se facturará desde el Servicio Canario de la Salud a la Mugeju, a Muface o al Isfas, según corresponda".
Los funcionarios, al entrar en una mutualidad, deben elegir una aseguradora privada o pública que les lleve su asistencia médica. En Canarias, puede ser Adeslas, Mafpre o el propio Servicio Canario de la Salud. "Si elegías estar en una aseguradora privada ellos te dan todos los servicios, pero si hay alguno que no tengan, te derivan a la pública", explicó José Ricardo Gómez, secretario de organización del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca).
Según Ricardo Gómez, lo que podría cambiar a partir de ahora y "al no haber convenio" podría ser que los funcionarios no tuvieran la posibilidad de elegir estar asegurado por el SCS.
De hecho, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) también subrayó esta realidad al realizar algunos matices a lo dicho por la Consejería. Isfas aseguró en un comunicado que "los titulares y beneficiarios de Isfas que han optado por recibir la asistencia sanitaria a través del Servicio Canario de la Salud seguirán siendo atendidos con normalidad por este".
El problema que los funcionarios temían que pudiera ocurrir, según Ana Gutiérrez, presidenta provincial de la Administración General del Estado (AGE) y presidenta de la junta de personal en Tenerife, tenía que ver con el servicio de Urgencias.
"En las islas menores las aseguradoras privadas no cuentan con servicio de Urgencias, por tanto, si el trabajador tuviera que acudir, la factura se le pasaría y después tendría que pedir a Muface que le devolviera el dinero gastado", explicó Gutiérrez, que insiste en que "lo mismo pasaría en las islas capitalinas si el funcionario tiene un accidente y se llama al 1-1-2, porque la ambulancia le llevaría directo a las Urgencias públicas".
Gutiérrez, además, aseguró que los trámites para solicitar la devolución del dinero suelen ser difíciles y conllevan muchos requisitos. Sin embargo, el Servicio Canario de la Salud ha garantizado que nada de esto va a pasar.
No obstante, a pesar de que esto sucediera, no significaría que se denegara la asistencia sanitaria pública, como en un principio se pensó. "Lo único que ocurriría en tal caso es que el pago se reclamaría al funcionario, pero la asistencia está garantizada", explicó José Ricardo Gómez.
Isfas, en su comunicado, pasa la pelota al Estado y la Comunidad Autónoma con el fin de que colaboren "para resolver de común acuerdo las cuestiones planteadas en la sentencia". Por tanto, queda en manos de ambos organismos el sentarse a realizar un nuevo convenio que se adapte a la situación actual y a las conveniencias de ambas, sin afectar a los usuarios.
Un acuerdo "obsoleto"
Este convenio entre SCS y mutialidades data del 30 de diciembre de 1986, y la Consejería de Sanidad lo considera como "obsoleto" debido a la "actual realidad legislativa en materia sanitaria". Por eso, decidió denunciarlo en 2012. Sin embargo, la denuncia se desestimó en 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al considerar la Administración General del Estado que dicha denuncia "no tenía suficiente motivación". Sin embargo, la Consejería de Sanidad decidió realizar un recurso de casación contra esta sentencia y el Tribunal Supremo le dio la razón. En la sentencia, el tribunal argumenta que "se está en un pleito entre Administraciones, una territorial (Consejería de Sanidad) y una institucional (las mutualidades)", que se ha generado al haber "problemas de gestión del régimen especial de la Seguridad Social afectada". En el fallo de la sentencia se habla de "una relación en la que las desavenencias han estado presentes y se han concretado en determinados aspectos de la compensación económica por prestaciones o compensación por gastos tales como la dispensación farmacéutica hospitalaria".