La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias iniciará una ronda de contactos con los agentes sociales y económicos, las universidades, los ayuntamientos y los cabildos para planificar una reforma fiscal "profunda" que sirva para los diez o veinte próximos años.

La responsable de esta área, Rosa Dávila, explicó ayer que el Consejo de Gobierno ha decidido abrir este proceso de consultas con el objetivo de tener a finales de este año un documento que se pueda llevar al Parlamento regional en 2018 y que no sea "unilateral", sino producto del "diálogo" entre todos los agentes implicados.

Dávila considera "difícil" abordar una reforma "de este calado" en menos tiempo, si bien avanzó que el Ejecutivo pretende incorporar ya algunas medidas en paralelo a la Ley de Presupuestos de 2018.

En cuanto a su contenido, al ser preguntada si se baraja introducir la propuesta formulada por algunos empresarios de introducir un IVA reducido en sustitución del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), contestó que "tajantemente no", ya que implicaría perder la capacidad legislativa que tiene Canarias en esta materia, pues se traspasaría al Estado.

El Gobierno no ha elaborado un documento previo sobre la reforma, si bien descarta subir los tipos del IGIC. Lo que existe, señaló la consejera, es una propuesta de reducirlos debido al incremento que ha experimentado la recaudación. Esta propuesta de reducción se debatirá, pero tendrán que estar de acuerdo los cabildos y los ayuntamientos, porque casi el 60% de sus presupuestos depende de este bloque de financiación.

Tanto la Federación Canaria de Islas (Fecai) como la de Municipios (Fecam) deberán designar a un experto en materia de tributos para que asista a esta negociación, añadió Dávila. La consejera defendió la reforma porque la fiscalidad es "una herramienta de cohesión fiscal y económica con la que se puede interceder sobre el conjunto de la economía para hacer las islas más iguales y que las rentas se equiparen".

Por otra parte, Dávila informó de que el Gobierno acordó ha acordado, ante la buena evolución de la economía, recuperar los pagos anticipados de las subvenciones, aportaciones dinerarias y encomiendas de gestión, con el fin de impulsar la actividad económica.

La prohibición se adoptó en febrero de 2016, cuando se establecieron los criterios generales y medidas para la asignación y el uso eficiente de los recursos públicos en el sector autonómico para ese año. Entre estas medidas figuraba la prohibición de conceder pagos anticipados para determinados gastos y proyectos de inversión, a excepción de los autorizados previamente por la Consejería de Hacienda, para garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

El Ejecutivo regional decidió ayer modificar ese acuerdo de Gobierno, de modo que las subvenciones financiadas con fondos propios podrán establecer abonos anticipados siempre que la ejecución de la actividad o realización de inversión se produzca dentro del ejercicio presupuestario en que se concede.

El Gobierno de Canarias acordó ayer personarse en el recurso promovido por diputados de Podemos ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Turística de las Islas Verdes, para defender la norma que fue aprobada por el Parlamento autonómico en septiembre de 2016.

El recurso interpuesto por diputados del grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea cuestiona los artículos 3 y 4 de la ley, así como sus disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, que flexibilizan las condiciones para instalar negocios turísticos en La Palma, La Gomera y El Hierro, incluso en suelos rústicos.

El Ejecutivo canario presentará alegaciones en defensa de la constitucionalidad de todos esos apartados de la ley, anunció la consejera de Hacienda, Rosa Dávila. Según la portavoz del Gobierno, la norma busca dar oportunidades de desarrollo a esas tres islas. "No hay fundamento para un recurso" que, subrayó, ha sido promovido por "50 diputados no canarios, en un ejercicio de decir no a todo".

El Gobierno canario considera que esta ley atiende "la necesidad de buscar otros modelos turísticos alternativos" para las llamadas "Islas Verdes".