El Tribunal Supremo ha dado por concluida la instrucción abierta contra el exsenador del PSOE Casimiro Curbelo por el incidente que mantuvo hace seis años con tres policías nacionales en Madrid, al apreciar indicios de que les amenazó con "acabar con sus carreras" y golpeó a uno de ellos.

En un auto hecho público ayer, el magistrado Luciano Varela emplaza a las partes a que se pronuncien sobre si debe abrirse juicio oral contra Curbelo y, en ese caso, a que formulen sus correspondientes escritos de cargos, ya que entiende que los hechos que se le atribuyen pueden constituir un delito de resistencia grave a la autoridad en concurso con una falta de lesiones.

El incidente de esta instrucción tuvo lugar en la madrugada del 14 de julio de 2011 en el complejo Azca, cuando el presidente del Cabildo de La Gomera se quejó a unos policías del trato que su hijo, él y una tercera persona acababan de recibir en un establecimiento del que habían sido expulsados.

Los indicios recabados por el juzgado de Madrid que investigó el caso indican que, cuando los policías le explicaron los pasos que debía seguir para presentar una denuncia, el hijo del entonces senador insultó y empujó a un policía, por lo que los funcionarios procedieron a su detención.

Según la instrucción, Curbelo, en la actualidad diputado en el Parlamento de Canarias por la Agrupación Socialista Gomera (partido ajeno al PSOE), replicó entonces de esta manera a los agentes: "Soy senador y vosotros, más que policías, sois unos terroristas, unos borrachos. No sabéis con quién estáis tratando. Soy del Senado, voy a ir uno por uno a por vosotros, voy acabar con vuestras carreras. Os voy a denunciar por detención ilegal".

Este procedimiento ha tenido una compleja instrucción, ya que inicialmente las competencias correspondían al Supremo, luego la causa pasó al Juzgado número 27 cuando Curbelo dejó de ser senador (2011) y ahora regresa al Alto Tribunal porque el inculpado es parlamentario autonómico (lo que habilita de nuevo al Supremo a ocuparse del caso, al haber ocurrido fuera de las jurisdicción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias).

Y, entre medias, cuando las diligencias todavía estaban en manos de la competencia de los juzgados ordinarios, la Audiencia de Madrid anuló el auto de 2013 que daba por terminada la instrucción y preparaba el caso para el correspondiente juicio oral. El magistrado del Supremo acepta ahora la exposición razonada que le dirige el juzgado de Madrid.