La Plataforma por una Canarias Sostenible ha entregado hoy casi 3.000 firmas en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias para pedir la convocatoria de una consulta popular sobre el proyecto de reforma de la Ley del Suelo.
El portavoz de la Plataforma, Antonio Pérez, ha dicho a Efe que las miles de firmas se han recogido por todas las islas y se presentan para que Presidencia, efectué una "consulta popular, libre y transparente" sobre el proyecto de Ley del Suelo.
En su opinión, la pregunta tiene que ser "concreta" y debe indicar "si se está o no de acuerdo" con el proyecto definitivo ante su "votación concluyente" por el Parlamento de Canarias.
Pérez ha reiterado que este asunto es "muy importante" porque afecta a la ordenación del territorio desde el punto de vista "político, social, económico, cultural y de sostenibilidad".
A su juicio, la consulta popular "es el mejor mecanismo para revitalizar un urbanismo más democrático".
"Si en la anterior legislatura se intentó utilizar la Ley de Participación Ciudadana para rechazar la extracción de petróleo en aguas de Canarias, y no se pudo porque el Estado dijo entonces que él era el único competente para hacer un referéndum, en este asunto el único competente es el Gobierno canario, que es la única administración que ordena el territorio".
En su opinión esta petición tiene "toda la lógica del mundo" y, además, ha considerado que ya es hora que se utilice por primera vez Ley de Participación Ciudadana, ya que fue aprobada hace "unos siete años y nunca se ha usado".
Antonio Pérez ha incidido en que la participación ciudadana no ha existido en el inicio de este proceso, "todo lo contrario del País Vasco, que ha establecido un debate público de tres años de duración", y ha criticado "las precipitaciones" en la redacción de la normativa canaria.
"No vale que aprueben la Ley del Suelo con solo 33 votos en el Parlamento canario, hay que consultar a la ciudadanía", ha subrayado Pérez, quien ha reconocido que poco optimismo de que esta petición fructifique, aunque espere que el hipotético rechazo sea argumentado por el Gobierno de Canarias.
En este sentido, Pérez ha defendido que 3.000 firmas "por lo menos deben contar con una respuesta" del Ejecutivo regional, y ha añadido que ésta sería "una oportunidad para mejorar su relación con la ciudadanía".