La Plataforma por una Canarias Sostenible entregó ayer unas tres mil firmas en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias para pedir la convocatoria de una consulta popular sobre el proyecto de reforma de la Ley del Suelo.
El portavoz de la Plataforma, Antonio Pérez, recalcó que se trata de rúbricas recogidas en todas las islas y que pretenden que haya una "consulta popular, libre y transparente" sobre la nueva ley. En su opinión, la pregunta debe ser e indicar "si se está o no de acuerdo" con el proyecto definitivo ante su "votación concluyente" por el Parlamento de Canarias.
Según subraya, se trata de un asunto "muy importante" porque afecta a la ordenación del territorio desde el punto de vista "político, social, económico, cultural y de sostenibilidad. Por eso, cree que una consulta popular "es el mejor mecanismo para revitalizar un urbanismo más democrático".
"Si en la anterior legislatura se intentó utilizar la Ley de Participación Ciudadana para rechazar la extracción de petróleo en aguas de Canarias, y no se pudo porque el Estado dijo entonces que él era el único competente para hacer un referéndum, en este asunto el único competente es el Gobierno canario, que es la única administración que ordena el territorio".
En su opinión, esta petición tiene "toda la lógica del mundo" y, además, afirmó que ya es hora que se utilice por primera vez esa ley, ya que fue aprobada hace "unos siete años y nunca se ha usado".
Pérez censuró que la participación ciudadana no ha existido en el inicio de este proceso, "todo lo contrario del País Vasco, que ha establecido un debate público de tres años de duración". Además, criticó "las precipitaciones" en la redacción de la normativa.