La cuarta ponencia del congreso de CC, a celebrar el próximo mes de marzo, se centra en la "cohesión social" de las Islas y se detiene bastante en la sanidad, ahora tan en boga tras la ruptura del pacto en medio, entre otras, de críticas cruzadas con el PSOE sobre lo ocurrido en este departamento desde junio de 2015. Aunque hay mucho lugar común, intenciones genéricas imposibles de censurar, por pocas medidas concretas que las acompañen, destaca el hecho de que los nacionalistas vinculen la condición de Región Ultraperiférica (RUP) del Archipiélago para exigir al Estado mejoras en sanidad por la lejanía y la insularidad, sobre todo de las islas periféricas.
"Como partido nacionalista, tenemos que reclamar una revisión del sobrecoste de la insularidad y la lejanía, propio del único territorio ultraperiférico que tiene España", sostienen. Por eso, apuestan por mejorar "las deficiencias en infraestructura; conseguir una mayor eficiencia en la atención primaria, potenciando la atención a la cronicidad y la visita domiciliaria; y establecer planes de apoyo a las islas no capitalinas en cuando a la cobertura de atención especializada".
En su exposición introductoria, los tres redactores de la ponencia (el trabajador social Nicolás Ojeda, la médico Juana María Reyes y la diplomada en Ciencias Empresariales Yasmina García) abogan por un modelo sanitario "basado en los principios de solidaridad, suficiencia, integración, cohesión, equidad y calidad, de financiación pública, y con recursos humanos altamente cualificados". También hacen un breve repaso a las competencias delegadas desde 1994 y subrayan que se ha logrado dar "estabilidad a un servicio con unos 25.000 empleados públicos directos, con importantes inversiones en equipos de alta tecnología y en infraestructuras que han modernizado nuestros hospitales y centros de salud, la creación del SCS, el programa de trasplantes de órganos (...), la asistencia en casos de emergencia con alta tecnología y repuestas a la salud mental", entre otras.
Unas mejoras que, según subrayan para dar perspectiva ante tanta crítica actual, han permitido un "vuelco en tan solo 20 años a nuestros indicadores de salud: la mortalidad infantil se redujo a la mitad o la esperanza de vida al nacimiento se incrementó en más de 5 años", lo que ha hecho que "el Índice de Competitividad Regional Europeo 2013, tras analizar seis indicadores de resultados, situó a la sanidad canaria en la posición 36 de entre 195 regiones de la UE y en sexto lugar de entre las 17 comunidades autónomas 196 españolas".
CC defiende también una sanidad sometida a continua evaluación por sus usuarios "como parte activa en las soluciones a los problemas detectados". Asimismo, proponen que los presupuestos por áreas de salud se elaboren según "criterios de capita por habitante protegido, con las correspondientes correcciones en función de la pirámide poblacional y la condición de doble insularidad".
Asimismo, y como dándole la razón al nuevo consejero, que lo recalcó en el pleno del pasado miércoles, dicen concebir el sector salud "como una fuente de riqueza y de empleo de muy alto nivel de cualificación, que debe gestionarse con criterios de planificación estratégica, eficiente y sostenible". Un sector en el que los profesionales son "la mayor fuente de valor en su funcionamiento y a los que debemos corresponder con el desarrollo de un política de personal explícita que garantice mantener sus cualificación mediante la formación continua y la evaluación periódica".
Asimismo, CC se compromete con "políticas transversales de promoción y prevención de vida saludable, conjuntamente con educación, ayuntamientos y sociedad en general, como compromiso global por la salud y disminución de las patologías prevenibles".
También apuestan por "continuar desarrollando estrategias que permitan el funcionamiento de un sistema sanitario garante del derecho a la salud de la ciudadanía, con financiación pública y por la defensa de la equidad frente a las desigualdades". De ahí que se comprometan a "completar el plan de recursos humanos, que contemple procedimientos de acceso, perfiles y categorías profesionales, así como una política de incentivación-motivación".
Unas mejoras que, a juicio de CC, pasan por seguir "exigiendo al Estado la modificación constitucional y la consideración del derecho a la protección de la salud como merecedor de la cobertura especial que tienen los derechos fundamentales". Por eso defienden la protección de la salud como un derecho fundamental de las personas "que no ha de tolerar discriminación de ningún tipo en función de la comunidad autónoma en la que se resida, por lo que ha de exigirse al Estado la compensación progresiva de la insuficiencia presupuestaria, como consecuencia de no haber financiado el crecimiento poblacional en Canarias desde el año 2000".
La formación, la otra clave de la cohesión
La ponencia se detiene también en el alto paro en Canarias (aunque esgrime datos de 2013) y, por supuesto, pone especial atención en los jóvenes y su formación, dado que su desempleo lo cifra en más del 50% entre los menores de 25. En este ámbito, y aparte de principios básicos sobre convivencia y valores democráticos que erradiquen la discriminación o la violencia de cualquier tipo, apuestan por una educación integral que garantice la autonomía personal y la adaptación a una realidad sociolaboral cambiante más allá de la situación familiar, desestructurada o no, de cada alumno. CC también dice apostar por la innovación como medio para la competitividad, dentro de la sostenibilidad y aprovechando las capacidades de cada Isla. Por todo, creen que el futuro debe pasar por una sociedad activa en la que la cohesión social se fundamente en una educación, sanidad y políticas sociales igualitarias y, al mismo tiempo, respetuosas con la diversidad y pluralidad. Asimismo, apelan a la responsabilidad desde los servicios públicos y conciben estos tres ámbitos como catalizadores del cambio y la adaptación al mundo.
Dependencia, PCI y desfavorecidos
En esta ponencia, CC recalca su compromiso por "seguir trabajando activamente por disminuir la pobreza, la exclusión y desigualdades". Para ello, y desde principios como la equidad, sostenibilidad e igualdad, defiende normativas de protección social que "garanticen su prestación especializada en red en el ámbito insular bajo la dirección de los cabildos y ayuntamientos". A su juicio, esto es básico para mejorar la atención de la dependencia (aunque piden también mejor financiacion) y para "una auténtica estrategia contra la pobreza y exclusión social". Por supuesto, aluden a la próxima ley de Servicios Sociales, pero se comprometen a incrementar la extensión de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y la mejora de la calidad de vida y reconocimiento de derechos de los colectivos con especiales dificultades de integración. Tampoco olvidan la conciliación de la vida laboral y personal/familiar, sobre todo para las mujeres; apuestan por el acogimiento y mejora de los procedimientos de adopción y no obvian la necesidad de atender mejor el envejecimiento activo. Su énfasis en la dependencia es tal que anuncian un Plan Estratégico que contemple las particularidades de cada isla, que se adapte a los grados de dependencia para alargar la permqnencia en el entorno habitual, potencie la teleasistecia, los cuidados especializados en domicilio y el apoyo a los centros de día, pisos asistidos o residencias. Además, tienen claro la necesidad de mejorar "la coordinación sociosanitaria, buscando optimizar los recursos de ambos sistemas y logrando la mejor comunicación entre ellos con vistas a la intervención y toma de decisiones conjunta".