Solo dos técnicos de la Consejería de Industria del Gobierno canario se encargan de tramitar todos los expedientes sobre instalaciones eléctricas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, lo que, a juicio del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, genera retrasos de hasta ocho meses, provoca un auténtico "caos" y frena la actividad económica y la creación de empleo. El departamento dirigido por Pedro Ortega ha anunciado la "inminente" incorporación de personal para tratar de poner al día la situación, aunque también advierte de que esta actualización no podrá realizarse de manera inmediata.
El viceconsejero de Industria, Adrián Mendoza, detalla que en las primeras semanas de marzo se contratarán nueve trabajadores interinos -técnicos industriales-, la mayoría de los cuales serán destinados a la sede de Tenerife, que se encuentra en inferioridad de recursos humanos en relación a la de Las Palmas. En la actualidad, las instalaciones tinerfeñas cuentan con dos técnicos y un administrativo, frente a los cinco y siete, respectivamente, de que disponen las situadas en Gran Canaria.
En declaraciones a Radio El Día, Mendoza explica que la situación procede de la falta de cobertura de las bajas por jubilación que se han producido durante los últimos años. Pese a que los servicios energéticos han sido incluidos por el Ejecutivo canario entre las áreas prioritarias para la incorporación de personal interino, "nunca se cubrieron las vacantes", relata el viceconsejero, quien celebra que la nueva dirección de Función Pública haya "impulsado" esta tarea. "Ya se están haciendo los llamamientos y en muy breve tiempo se cubrirán las bajas".
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife, que denunció el pasado martes la situación, cifra en 10.488 los expedientes de baja tensión presentados en 2016, de los cuales 1.571 son proyectos y 8.917 memorias. El número de reclamaciones o denuncias sin resolver asciende a 2.840 y la cantidad de expedientes de media tensión sin resolver es de 143.
Juan Linares, presidente del Colegio, advirtió, también en la antena de Radio El Día, de que "lo más sangrante" corresponde a los expedientes de media tensión, que son las instalaciones empleadas por negocios -como centros comerciales- que generan "empleo y actividad económica". Linares lamentó que los clientes contratan los servicios de los ingenieros para llevar a cabo los trámites y luego reclaman a estos por una situación que se debe, en realidad, a problemas administrativos.
Los instaladores eléctricos son también parte afectada en la situación que vive la Consejería de Industria en la provincia. Vicente Rodríguez, miembro de la junta directiva de Asinelte (Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Santa Cruz de Tenerife) constata que "ha habido un abandono" en la gestión de los expedientes energéticos.
La situación, según Rodríguez, va más allá de las autorizaciones de nuevas instalaciones. El mantenimiento preventivo, al que la normativa obliga cada cinco años en el caso de la media y la baja tensión, tampoco se está haciendo por falta de recursos. "Peligra la seguridad de las instalaciones y de los usuarios", alerta el profesional.
Los instaladores se mantienen en coordinación con el Colegio de Ingenieros Industriales. Ambos colectivos se reunirán en los próximos días con el viceconsejero de Industria y Energía del Gobierno autonómico, Adrián Mendoza, para abordar esta situación. "Hay que hacer frente común, también con Gran Canaria, porque, aunque allí tienen más personal, también se producen problemas", señala Rodríguez.
La escasez de recursos humanos tiene efectos sobre varios aspectos de la gestión, según los instaladores eléctricos. Así, "es imposible" conseguir un duplicado de cualquier expediente, porque "no hay nadie que atienda el archivo". "Es una crisis muy fuerte", insiste el representante de la asociación.
Al igual que los ingenieros -y como también reconoce la Consejería-, estos profesionales ven en peligro la materialización de inversiones, en forma de negocios que "se retraen" ante las dificultades administrativas. También se encuentran paralizadas las reclamaciones contra las eléctricas -unas 4.000, según Asinelte- por este mismo motivo.