El exalcalde de Yaiza (Lanzarote) José Francisco Reyes confesó ante la Audiencia de Las Palmas que, durante su mandato (1998-2007), "diferentes promotores y constructores" lo sobornaron con 300.172 euros para que autorizase hoteles en Playa Blanca a sabiendas de su ilegalidad.

La Audiencia de Las Palmas tiene previsto juzgar a partir del 20 de marzo el caso Yate, el macrojuicio abierto a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente por sus sospechas de que el crecimiento turístico que experimentó Playa Blanca hace una década no solo incurrió en irregularidades administrativas, sino que esconde delitos de prevaricación, cohecho y contra el territorio.

Nueve de los once procesados en el caso Yate han presentado ya escritos en los que aceptan los cargos que les imputan la Fiscalía y la acusación ejercida por la asociación Transparencia Urbanística, entre ellos, el principal protagonista de la trama, el exalcalde de Yaiza, que está a punto de sumar una nueva condena a su historial.

En un documento, Reyes reconoce formalmente que cometió todos los delitos contra la ordenación del territorio que le achacan y que sabía que la docena de hoteles y complejos de apartamentos que autorizó en Playa Blanca y Marina Rubicón contravenían el planeamiento y carecían de varios informes.

También admite que, gracias a ello, se embolsó 300.172 euros que le pagaron "como recompensa" diferentes empresarios y que empleó en comprarse cinco coches (78.764 euros), un barco de recreo (148.840 euros) y un equipo de "spa" (24.449 euros), así como en pagar la entrada de un piso para sus hijas en La Laguna (55.118).

José Francisco Reyes, del Partido Nacionalista de Lanzarote, se enfrentaba antes de firmar esta confesión a una solicitud de condena por parte de la Fiscalía de 30 años de cárcel, 135 de inhabilitación y más de seis millones de multa, como presunto autor de tres delitos de prevaricación urbanística, uno de prevaricación administrativa, cinco de cohecho, uno de malversación, uno de blanqueo de capitales y otro de negociaciones prohibidas a funcionarios. Los escritos que Reyes y otros ocho procesados han entregado a la Audiencia dejan constancia de que sus defensas han llegado a un acuerdo.