La delegada del Gobierno de Canarias, Mercedes Roldós, ha anunciado hoy, en su primera visita oficial a Lanzarote, que el Gobierno de España está interesado en que el archipiélago cuente con servicios de atención al turista extranjero, como los que operan en Baleares, Cataluña o Levante.

Tras reunirse con el Cabildo de Lanzarote y la patronal conejera, Roldós ha informado de que ha abordado con los empresarios la posibilidad de establecer en varios municipios turísticos Servicios de Atención al Turista Extranjero (SATE).

Se trata de oficinas de servicio de atención al turista extranjero en colaboración con la Guardia Civil y los ayuntamientos que pretenden ofrecer una asistencia integral especializada cuando el turista ha sido víctima de cualquier infracción penal.

Para ello, un equipo de expertos judiciales asesorarán, por ejemplo, en gestiones de procedimiento a efectos documentales, como la cancelación de tarjetas de crédito, contactos con embajadas o con consulados, asistencias en la tramitación de la denuncia y, en el caso de que fuera necesario, notificación inmediata al juzgado de guardia.

Estos convenios de colaboración ya han sido firmados en algunos municipios turísticos de Baleares, Cataluña, Levante o la Costa del Sol, y Roldós ha manifestado su interés en que comiencen a operar en los municipios turísticos de Canarias.

La delegada del Gobierno en Canarias ha aludido a las 422 "reclamaciones fraudulentas por infecciones alimentarias" presentadas en 2016 en los núcleos turísticos de Playa Blanca (Yaiza), Puerto del Carmen (Tías) y Costa Teguise (Teguise) por turistas británicos tras su estancia en establecimientos alojativos de la isla.

El origen de estas reclamaciones fraudulentas estaría en la actuación de una serie de bufetes de abogados que captan clientes para hacer este tipo de reclamaciones amparándose en la laxitud de la legislación británica, que permite poner una denuncia hasta tres años después del suceso supuestamente acaecido y, en el caso de menores de edad, hasta tres años después de haber cumplido la mayoría de edad, ha referido.

Roldós ha destacado que la legislación británica soporta la carga de la prueba en el establecimiento turístico, y no en el demandante, como sucede en la legislación española.

"De esta laxitud aparecen una serie de aprovechados" que mandan a captadores a las localidades turísticas para aconsejar al turista que ponga esta reclamación porque así la estancia le va a salir gratis", ha añadido.

Roldós ha manifestado la preocupación que estos hechos han suscitado en el Gobierno de España y ha informado de que está en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, el de Justicia y el de Industria, Energía y Turismo "llevando las quejas a los distintos departamentos ministeriales del Reino Unido para tomar actuaciones".

La delegada también ha dicho que el Gobierno trabaja con las confederaciones empresariales y hoteleros españoles para implantar y definir protocolos que aseguren pruebas y evidencias ante posibles reclamaciones y, "lo que es más importante, la negociación de nuevas cláusulas que impidan la compensación automática".

Roldós ha abordado con el Cabildo conejero la constitución de la Red Tributaria de Lanzarote, que gestionará la recaudación de los impuestos de Arrecife, Tinajo, Teguise y Haría, que han delegado en la corporación insular sus facultades de gestión, recaudación e inspección de los tributos locales.

Respecto a la plantilla de la Guardia Civil en la isla, Roldós ha precisado que en Lanzarote hay 31 plazas vacantes, si bien ha destacado que en la actualidad la cobertura del Instituto Armado es del 91 %.

En cualquier caso, la delegada del Gobierno en Canarias no ha descartado la posibilidad de que haya un mayor número de efectivos disponibles mediante la creación de una bolsa de empleo que permita cubrir acontecimientos extraordinarios, como el Carnaval o el triatlón Ironman, ya que estos eventos suponen un "enorme esfuerzo para la Guardia Civil y cada vez son más frecuentes".

"Somos muy conscientes de la necesidad de aumentar el número de guardias civiles y policías nacionales en Canarias, pero es importante que en los nuevos Presupuesto Generales del Estado tengamos una mayor dotación, y no solamente en recursos humanos, sino también material", ha aseverado.