El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la aceptación como prueba de la grabación que motivó la apertura de una causa al juez Salvador Alba por un presunto intento de orientar a una declaración para perjudicar a la entonces diputada de Victoria Rosell.

En esa grabación se escucha a Salvador Alba hablar en su despacho con Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria y presidente de la UD Las Palmas, sobre una declaración que él mismo tendría que tomar como juez a ese empresario unos días más tarde en calidad de imputado en un procedimiento por fraude fiscal.

La causa en concreto se había iniciado con Victoria Rosell como titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para averiguar si Ramírez defraudó varios millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social pagando a sus trabajadores sistemáticamente las horas extras como dietas, que no tributan.

En esos momentos, se ocupaba de ella Salvador Alba, porque Rosell había sido elegida diputada en el Congreso en las listas de Podemos.

En plena campaña electoral, la Fiscalía abrió una investigación disciplinaria para dilucidar si Rosell se había dejado influir como instructora de ese procedimiento por los negocios que su pareja, Carlos Sosa, había hecho con Ramírez a través de la UD Las Palmas, que le había arrendado por 300.000 euros una licencia de radio.

Ni el Consejo General del Poder Judicial, que examinó el asunto en el plano disciplinario, ni el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que anuló la investigación del fiscal por vulneración de derechos, encontraron nada que reprochar a Rosell, pero el caso dio un giro durante la estancia de Salvador Alba en el Juzgado.

Ese giro se produjo porque Ramírez declaró ante Alba que había financiado durante años negocios periodísticos dirigidos o pertenecientes a la pareja de la juez Rosell, lo que supuestamente ponía en tela de juicio su imparcialidad como instructora.

Sin embargo, nada más irse Alba del juzgado, Ramírez denunció que se sentía coaccionado cuando hizo esa declaración y entregó una grabación que él mismo había hecho de una conversación con el juez en la que éste presuntamente le dice lo que tenía que manifestar para perjudicar a Rosell y favorecer las opciones de que el Supremo admitiera una querella que el entonces ministro José Manuel Soria había presentado para acusarla de cohecho (hoy archivada).

Es esa grabación la que Salvador Alba impugnaba en este recurso, porque en ella se basa en gran medida el procedimiento que el TSJC le ha abierto por delitos de revelación de secretos, prevaricación judicial, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, delito contra la Administración de Justicia y falsedad.

La instructora del procedimiento, Margarita Varona, ya había aceptado como válida esa grabación, una vez que la Guardia Civil consiguió recuperar del dispositivo empleado para hacerla el archivo original y completo (inicialmente, Ramírez solo entregó extractos).

El TSJC corrobora ahora que el trabajo que llevó a la Guardia Civil a encontrar el archivo original en la papelera de la grabadora (un dispositivo camuflado con forma de llave de coche) tenía cobertura legal en el encargo que recibió de la juez Varona y que, al recuperarlo, los agentes no vulneraron ningún derecho, porque fue el propio autor de la grabación quien la entregó voluntariamente.

"El archivo oculto está directamente relacionado con el contenido de la investigación en marcha y, por ello, nada impide que sea utilizado en el mismo procedimiento como continuación de una investigación en la que van surgiendo nuevos datos", razona la Sala, que precisa que otras cuestiones, como la trascendencia de lo que allí se escucha o si se respetó o no la cadena de custodia, deberán ser valoradas más adelante por la instructora del caso.