El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirmó ayer la aceptación como prueba de la grabación que motivó la apertura de causa al juez Salvador Alba por un presunto intento de orientar a una declaración para perjudicar a la entonces diputada Victoria Rosell. En dicha grabación se escucha a Alba hablar con Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria y presidente de la UD Las Palmas, sobre una declaración que él mismo tendría que tomar como juez a ese empresario unos días más tarde en calidad de imputado en un procedimiento por fraude fiscal.