Canarias tendrá nuevo REF económico después de 23 años. El acuerdo entre los gobiernos regional y central -sellado el pasado lunes por el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, y la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría- ha sido celebrado como un paso más para que el Archipiélago pueda desarrollarse en igualdad de condiciones que el territorio continental. Sin embargo, su aplicación concreta depende de los Presupuestos Generales del Estado, una ley autónoma y a la que ninguna otra obliga -salvo la Constitución y las normas estatutarias- y, en definitiva, de la voluntad política.

"La letra es más favorable para Canarias, pero como siempre su ejecución está sometida a lo que ponga el Estado en los presupuestos. Si no hay voluntad de dotarlo adecuadamente, se queda en nada", advierte el economista y excoordinador de la Vicepresidencia del Gobierno canario Antonio Olivera, quien participó en las negociaciones con el Ejecutivo central cuando el PSOE aún formaba parte del gabinete. Para reforzar el peso del renovado Régimen Económico y Fiscal -en su parte económica- y añadirle "presión", Olivera propone que, una vez sea convalidado como real decreto, se tramite como proyecto de ley, y se abra la participación a todos los grupos políticos, tal y como reclamó el Parlamento regional en una moción de los socialistas aprobada recientemente.

También el secretario general de UGT en el Archipiélago, Gustavo Santana, sostiene que, para conocer el alcance preciso de las modificaciones acordadas, es necesario esperar a saber "cómo repercutirán en los presupuestos estatales" y cómo estos son "acompañados" por los de la Comunidad Autónoma. En declaraciones a Radio El Día, Santana destaca que una consignación presupuestaria justa permitirá "un mayor margen de maniobra" a la defensa de las especificidades isleñas recogidas en el régimen específico.

La cautela sobre los efectos del REF se basa en la experiencia: los contenidos fiscales -plasmados en la ley de 1991, revisada en 2015- establece que los recursos que recibe Canarias no pueden estar por debajo de la media de inversión de las comunidades autónomas y, pese a ello, esta disposición no se cumple. Una vez más, la autonomía de las leyes de presupuestos del Estado, reconocida en varias sentencias del Tribunal Constitucional, convierte al REF en una ley de segundo rango, que lo será aún más si la iniciativa del Parlamento es desoída y su reforma se tramita como real decreto.

Que el Régimen Económico y Fiscal disfrute de la mayor operatividad posible es clave para que surtan efecto sus contenidos con mayor relevancia para la ciudadanía, aquellos que muchas veces quedan ocultos ante la percepción de que se trata de "algo bastante distante y lejano", como señala el secretario general de CCOO en Canarias, Carmelo Jorge, también en declaraciones a Radio El Día. Jorge es de la opinión de que esta sensación generalizada no siempre es justa -"en la práctica nos beneficia a todos en algunos aspectos"-, pero también apunta hacia algunas de las "grandes deficiencias" del instrumento: su "completa ineficiencia" para repartir la riqueza -no así para crearla- y su "escasa capacidad anticrisis".

Emitir un juicio sobre lo acordado entre la Administración autonómica y la estatal no es sencillo, entre otras cosas porque pocos han tenido la oportunidad de acceder a los documentos donde se plasman estos contenidos. La cautela de los especialistas consultados -entre ellos Juan Romero Pi, catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de La Laguna y expresidente de la Zona Especial Canaria (ZEC)- no impide que dibujen algunos de los aspectos más problemáticos y necesitados de revisión. En este conjunto de cuestiones figuran, entre otras, medidas como el establecimiento de tarifas portuarias y aeroportuarias más reducidas que las que rigen en el resto del país, la consideración de la doble insularidad en los precios del transporte de viajeros entre islas, una compensación adecuada que modere los precios de la energía y del agua desalada, la elaboración de un plan especial de infraestructuras en las zonas turísticas o la atención al turismo como sector estratégico en la economía y el empleo del Archipiélago.

El consejero de Economía del Gobierno regional, Pedro Ortega, ha definido el REF como "una escalerita" para que los más bajos -léase Canarias, condicionada por la lejanía y la insularidad- alcancen los libros de una estantería a la que ya llegan los más altos. Los "peldaños y patas" los conforman los avances conseguidos en la negociación: consolidar lo que ya se tenía -el 50% en las ayudas al transporte de pasajeros, asumido por el Estado y que, con la aportación de la Comunidad, puede alcanzar el 75%; la compensación por la tarifa eléctrica y la producción de agua...- y añadir nuevos logros, como el reconocimiento de la doble insularidad, la recuperación del plan de empleo y políticas de energías renovables adaptadas a las necesidades isleñas.