Excesivos e injustificados retrasos. La mayoría de las 209 nuevas reclamaciones que recibió durante el año pasado el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, en materia de discapacidad estuvieron relacionadas con las demoras que padecen los afectados a la hora de ser valorados, "cuestión que bloquea el acceso a todo un abanico de apoyos que van desde exenciones o rebajas fiscales hasta ayudas al transporte, becas o prótesis".
Según la memoria anual del defensor del pueblo canario, el número de quejas recibidas apenas experimentó una disminución con respecto al año anterior. El Diputado recuerda que el mantenimiento en el tiempo de "este intolerable estado de demora administrativa" se ha abordado en varias de sus recomendaciones, que han sido aceptadas por las responsables de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad. Sin embargo, la explicación que ha recibido el Diputado acerca de estos retrasos es "la falta de personal, o las dificultades para reposición de personal técnico en los Equipos de Valoración y Orientación de los Centros de Valoración de la Discapacidad, que son quienes emiten los correspondientes dictámenes".
Asimismo, el informe subraya que sigue sin revisarse la normativa territorial sobre accesibilidad, "que desde el punto de vista técnico-jurídico requiere una actualización" porque "no puede entenderse la accesibilidad hoy tal como la concibió el legislador en el año 1995".
Saavedra deja por escrito su "sorpresa" ante el hecho de que en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2017 tampoco se haya dispuesto de partida económica específica para dotar al Fondo para la supresión de barreras, que crea la Ley 8/1995, de 6 de abril, de supresión de barreras físicas y de la comunicación. Según el Diputado, en 2016 la Consejería se había comprometido a dotar el fondo en 2016, "sin que se produjera esa dotación presupuestaria".