Once de los dieciséis cargos públicos del PP de Fuerteventura han exigido hoy la dimisión "inmediata" de su presidenta, Águeda Montelongo, y del secretario insular, Carlos Figueroa, y han pedido a la dirección regional la creación de una gestora hasta que se pueda celebrar un congreso "de forma transparente".

La diputada nacional Celia Alberto y el senador Claudio Gutiérrez, junto a consejeros del Cabildo y concejales de distintos ayuntamientos, han escenificado hoy ante la prensa su unión contra Águeda Montelongo y Carlos Figueroa, a los que han acusado de utilizar los reglamentos del partido de "forma arbitraria y sesgada, acorde a sus intereses personales".

La concejala de Tuineje Esther Hernández ha sido la encargada de leer el manifiesto que cuenta con el apoyo de cuatro de los cinco comités locales que han quitado "la confianza" a la presidenta y al secretario insular por las formas y decisiones de dirigir el proyecto "con actos y actitudes autoritarios que solo promueven la dimisión de un partido que cada día pierde afiliados, simpatizantes y militantes y también el respaldo de gran parte de la sociedad de la isla".

La respuesta del sector afín al actual presidente regional del PP, Asier Antona, se produce después de que esta semana el PP de Fuerteventura anunciara la expulsión de un centenar de afiliados, entre ellos el actual presidente de NC y consejero en el Cabildo, Alejandro Jorge, y Lidia Esther Jorge, consejera por el PP Majo.

El PP respaldaba la decisión de expulsión alegando que los expulsados habían concurrido en listas electorales de otras formaciones políticas o que están afiliados a otros partidos.

Defendía las expulsiones en cumplimiento de lo acordado en la reunión de su Comité Ejecutivo Insular el pasado 31 de enero, y en virtud de lo establecido en sus Estatutos Nacionales.

Hernández ha recordado que todos los afiliados que ahora quieren expulsar "aparecen en el último censo validado por la dirección insular el 14 de febrero en el Comité Ejecutivo regional, que convocó en el Congreso autonómico, fecha muy posterior a cuando el 31 de enero supuestamente el Congreso insular aprobó estas expulsiones".

Los cargos públicos contrarios a Montelongo han mostrado su apoyo a la expulsión de "cargos públicos de otras formaciones", pero han asegurado "no justificar la dejadez de Montelongo y Figueroa, que han permitido que durante años estas personas hayan mantenido su condición de afiliados del PP".

A su juicio, se trata de una expulsión masiva de militantes de base, "muchos de ellos históricos, jóvenes o personas mayores que jamás han ejercido de interventores en otras formaciones" y han puesto como ejemplo personas con más de 30 años en el partido y elegidos por la presidenta para formar el Comité de Sabios o el caso de una militante que, con 88 años de edad y enferma, "solo sale de su casa para ir a votar al PP".

Asimismo, han recordado que en el Congreso regional, celebrado en marzo, fueron muchos los que con su voto apostaron por Antona y han acusado a la dirección insular de "haber querido obstaculizar la participación de los afiliados con un cúmulo de actuaciones irregulares que han sido denunciadas ante el PP de Canarias".

Asimismo, han asegurado que estos hechos se siguen produciendo de cara al congreso insular del PP en Fuerteventura con la expulsión del centenar de afiliados "de forma arbitraria, y con la única intención de hacer una criba a todos aquellos que no iban a respaldar con su voto sus maneras de dirigir el partido".

Esta semana el secretario insular, Carlos Figueroa, dejaba la puerta abierta a una posible alianza con el Partido Progresista Majorero, la formación formada por Domingo González Arroyo tras ser expulsado del Partido Popular.

Esther Hernández ha asegurado hoy que "toda aquella persona que se quiera afiliar al Partido Popular tiene las puertas y ventanas abiertas porque todos tienen en mente hacer un partido grande y será unificando el centro derecha".

Por su parte, el senador Claudio Gutiérrez no ha ocultado la preocupación por "la deriva que llevaba el partido y la situación que se estaba generando" y ha criticado que al margen de los debates "no haya relación y diálogo con otras formaciones políticas".

La diputada nacional Celia Alberto ha tildado de "incomprensible" que bajo el paraguas de una situación que se ha dado durante años con personas afiliadas en otros partidos, se haya expedientado a un centenar de afiliados.

Después de las expulsiones, el sector crítico a Montelongo ha anunciado la presentación de recursos ante el Comité Nacional de Garantías.